Morena empujó en comisiones del Senado el dictamen relacionado con la desaparición de personas, en medio del descontento de colectivos de familiares que protestan por exclusión y se dicen alarmados ante la intención gubernamental de imponer "un sistema de vigilancia masiva".
Apenas el miércoles pasado, colectivos de búsqueda cuestionaron la propuesta de la Presidenta Sheinbaum por considerar que no es útil para dar con el paradero de sus desaparecidos.
"Tenemos que escuchar a los usuarios de la ley y no hacer lo que Dios nos dé a entender. Si nosotros no andamos en los cerros buscando a la gente, qué nos hace creer que somos los todólogos que sabemos que esta ley es lo que las personas necesitan", advirtió la senadora priista Claudia Anaya.
"Escuchemos -propuso-- a quienes andan con el pico y la pala entre huesos, entre sangre, entre cuerpos exhumados, escuchemos a las personas que necesitamos a una autoridad resiliente la grave problemática y la crisis que vive este País."
Tras señalar que es necesario aceptar que hay "deficiencias institucionales graves", Anaya recordó que si durante el sexenio de López Obrador desaparecían 26 personas al día, para mayo de este año desaparecen 45.
"Si esto no es grave, si esto no es una crisis humanitaria, no entiendo lo que es", planteó.
La senadora morenista Lilia Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, encaró a la Oposición por cuestionar la "insensibilidad" de la 4T ante el drama de los desaparecidos.
"Así se la hubieran medido ustedes en los años donde tuvieron presidentes, quesque muy sensibles. Pues yo no los vi sensibles, porque las desapariciones y las fosas tienen toda una vida", reviró.
También morenista, el senador Jarero cuestionó a la oposición.
"Habría que preguntarle a MC qué autoridad pueden tener cuando el Gobernador Enrique Alfaro dejó ardiendo en llamas a Jalisco y no vio nunca el rancho Izaguirre. ¿Qué autoridad puede tener el PRI cuando utilizó el poder del Estado para desaparecer a adversarios políticos? Y del PAN, pues está en contra de todo y a favor de nada", sostuvo.
Por Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales deploró que se "se esté privilegiando un estado de vigilancia, un estado en donde lo que se busca es obtener la información prácticamente en tiempo real de los mexicanos".
"No es verdad -apuntó-- que a partir de esta propuesta se pretenda resolver el problema de desapariciones; no es verdad que se busca apoyar la labor de las personas buscadoras. Una parte medular de la problemática de desapariciones está en las comisiones de búsqueda. Y en esta propuesta no vemos ninguna intención de tocar a estas comisiones", argumentó.
El senador panista Ricardo Anaya acusó a los morenistas de "lucrar con el dolor de las madres buscadoras".
"Lo que están haciendo no tiene vergüenza porque están lucrando con el dolor de las madres buscadoras, están usando el dolor de las madres buscadoras y están usando la crisis de seguridad para pasar cuatro reformas, que lejos de resolver esos problemas, vienen a consolidar el gobierno espía", expresó.
"¿Qué están buscando?, están buscando que el Gobierno Federal a partir de la próxima semana pueda teclear tu CURP y que con teclear tu CURP tenga acceso, fíjense nada más, de cualquier ciudadano mexicano. Foto, tus huellas digitales, todas tus compras de Amazon les van a aparecer ahí. Si te hospedaste en un hotel y en qué hotel fue, tu geolocalización en tiempo real, ¿a qué hora sales de tu casa?, ¿a dónde vas?, ¿a qué hora sales del trabajo?, ¿con quién te reúnes? "
El dictamen aprobado -con el rechazo del PRI y la abstención de MC y el voto dividido del PAN-establece:
-Capacidad de monitorear la CURP en tiempo real, que permitirá "realizar búsquedas continuas y exhaustivas, optimizando los recursos disponibles en la búsqueda de personas, mediante la CURP
-Se podrán detectar rápidamente posibles casos de desaparición, lo que refuerza la capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones críticas, por ello, es fundamental la habilitación de accesos para Fiscalías y Comisiones de Búsqueda Obligación por parte de todas las autoridades y particulares para permitir acceso y consulta de datos.
-Se establece la obligación por parte de todas las autoridades y particulares de cualquier naturaleza que, por sus funciones o actividades que desempeña, tenga a su cargo datos biométricos o cualquier otro dato identificativo de personas, para que permitan la consulta de la información a la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Locales, las instituciones de seguridad pública que integran el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo Federal, así como al Centro Nacional de Inteligencia.Obligación para los servicios periciales y servicios forenses de la Federación y de las Entidades Federativas.
-Se establece la obligación para los servicios periciales y servicios forenses de la Federación y de las Entidades Federativas que tengan en resguardo un cuerpo o resto humano no identificado de, previamente a la remisión a las fosas comunes, practicar pruebas dactiloscópicas y genéticas para su identificación y deberán registrar el resultado de las pruebas en el Banco Nacional de Datos Forenses, en un plazo no mayor a tres días contados a partir de que se obtuvo el resultado.
