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Senador advierte sobre riesgos de abuso en reforma contra lavado de dinero

Aguascalientes, AGS; Durante la discusión legislativa sobre la reforma para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el senador Antonio del Campo manifestó su respaldo al objetivo general de la iniciativa, pero advirtió que su redacción actual puede dar pie a abusos, discrecionalidad e incluso afectaciones a derechos constitucionales.
 
Durante su intervención, el legislador reconoció avances en la propuesta, como la inclusión de criptomonedas y fideicomisos entre las actividades vulnerables, la obligación de identificar a los beneficiarios finales, el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, la incorporación de auditorías internas en sectores de riesgo y el seguimiento de Personas Políticamente Expuestas.
 
Sin embargo, también subrayó su preocupación por posibles excesos en la aplicación de la norma, al considerar que algunos artículos abren la puerta a la vigilancia masiva, facultando a la Secretaría de Hacienda a solicitar información personal sin orden judicial, incluso a organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE).
 
Martín del Campo cuestionó, además, el lenguaje impreciso en la redacción, con términos como “otras formas jurídicas análogas” o “actividades no definidas pero potencialmente vulnerables”, los cuales -afirmó- podrían derivar en incertidumbre jurídica y en cargas desproporcionadas para pequeños negocios.
 
El senador alertó que, con estas modificaciones, una microempresa familiar que opera dentro del marco legal podría verse obligada a cumplir con los mismos mecanismos de control que una institución financiera de gran escala, lo cual calificó como una medida desequilibrada.
 
En su posicionamiento, también compartió que, según datos del Fondo Monetario Internacional, el lavado de dinero en México representa entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto nacional, es decir, entre 26 mil y 65 mil millones de dólares anuales, por lo que consideró indispensable avanzar en el combate a estas prácticas, pero sin comprometer las libertades y principios constitucionales.
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