El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta pidió al Congreso local modificar la reciente Ley de Ciberseguridad para que se especifique que criticar el desempeño de funcionarios públicos o debatir públicamente con ellos no será considerado delito de ciberasedio.
La solicitud, hecha en redes sociales y dirigida a la presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, surge tras las controversias generadas por la reforma al artículo 480 del Código Penal, que castiga insultos y ofensas en redes sociales con hasta tres años de prisión, y responde a las recomendaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum para evitar interpretaciones de censura.
"En el Gobierno de Puebla defendemos y garantizamos la libertad de expresión. Coincidimos que el criterio jurídico de la legislación establezca que criticar el desempeño de las y los funcionarios o debatir en lo público no es delito; respaldamos lo que nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum ha manifestado, ponderando la protección de mujeres, la niñez, periodistas y activistas", expuso el Mandatario morenista este miércoles.
"En consideración al diálogo con la sociedad que han venido realizando las y los diputados locales, hacemos un respetuoso llamado al Congreso de Puebla, a través de la presidenta, Laura Artemisa García, que se considere ese criterio para refrendar que la Ley de Ciberseguridad asegura el libre ejercicio periodístico, tal como sucede en países como España, Brasil, Argentina y Chile, para consolidar la construcción de una sociedad digital con ética, responsabilidad y respeto", fue la petición.
Además, el Gobernador Armenta aseveró que la expresión artística, la investigación, el periodismo y la protesta social están salvaguardados.
"Esto representa un avance que combina el respeto a los derechos humanos con la necesidad urgente de justicia y protección digital", defendió sobre la reforma que entró en vigor el pasado 14 de junio bautizada popularmente como "Ley Censura", con lo que ahora se puede sancionar penalmente a quien "insulte, injurie, ofenda, agravie o veje" a una persona de manera reiterada a través de medios digitales, causándole un daño físico o emocional.
La iniciativa fue presentada en noviembre de 2024 por el entonces diputado (Morena) José Luis García Parra, actual coordinador del gabinete del Gobernador, y aprobada en el Congreso el 12 de junio de 2025.
Desde su aprobación, la ley ha generado un intenso debate. Mientras legisladores que votaron a favor argumentan que el objetivo es proteger a menores de edad, mujeres y la sociedad en general del acoso digital y el bullying, periodistas, activistas y organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México la calificaron de "ambigua" y advirtieron sobre el riesgo de que fuera utilizada para reprimir la crítica al gobierno y la libertad de expresión.
Tanto el titular del Ejecutivo estatal, como la presidenta del Poder Legislativo, Laura Artemisa García, han señalado que no se derogará el artículo 480 del Código Penal, pero han señalado apertura a modificaciones.
Armenta enfatizó que la ley está dirigida a "ciberdelincuentes" involucrados en delitos como robo de combustible, lavado de dinero y robo de identidad, y no a quienes realizan la "noble tarea de comunicar a la población".
"Hoy cuántos millones de mensajes recibe un niño en las redes sociales que tiene sobrepeso y otra condición. Todo eso lastima, las conductas suicidas desde la niñez, que se da en gran medida, según los científicos, sicólogos y siquiatras, por esa repetición de imágenes o de señalamientos que afectan su sique y su estado anímico", argumentó ayer ante periodistas.
"La Presidenta dio a los legisladores una opción muy importante, que estoy seguro lo van a considerar, pero lo importante es que nadie se ponga el saco, estamos hablando de ciberdelincuentes no de medios de comunicación", señaló en esa ocasión.
