San Luis Potosí, SLP.- Aunque oficialmente se han presentado solo 15 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el Interapas por la deficiente prestación del servicio de agua potable, la realidad en las calles de la zona metropolitana de San Luis Potosí cuenta otra historia, mucho más grave, persistente e ignorada.
Las denuncias fueron canalizadas desde la Dirección de Gestión, Canalización y Quejas de la CEDH y todas procedieron al comprobarse que el organismo operador ha vulnerado el derecho humano al acceso al agua potable, un derecho fundamental que hoy se les niega a miles de ciudadanos en colonias de la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.
A pesar del bajo número “oficial” de quejas, las protestas ciudadanas en las calles, bloqueos y manifestaciones vecinales se han convertido en una constante, particularmente en zonas como El Aguaje, Rancho Viejo, Rivas Guillén, Los Gómez, Cactus y otras, donde las familias viven con angustia la escasez de un recurso vital que no llega por la red y por el que, paradójicamente, reciben facturas de hasta mil pesos cada bimestre.
Muchas de estas quejas fueron interpuestas en representación colectiva, es decir, cada queja agrupa la voz de decenas o incluso cientos de colonos afectados, por lo que se puede inferir que al menos 15 colonias diferentes han sido directamente vulneradas por la incapacidad del organismo para garantizar un servicio digno, oportuno y justo.
Además de recibir cobros excesivos por un servicio inexistente, los habitantes se ven obligados a comprar agua a través de pipas. En zonas como El Aguaje, llenar un simple aljibe puede costar entre 150 y 200 pesos, dos veces por semana. Cuando se trata de pipas grandes que abastecen a varias familias, el precio puede elevarse hasta 700 o 900 pesos, obligando a los vecinos a cooperarse para repartir el gasto. Es decir, a la ausencia de agua potable, se suma una doble y hasta triple carga económica, que vulnera el bolsillo de los sectores más empobrecidos.
¿Dónde está Interapas? ¿Dónde está la solución a una crisis que cada vez parece más estructural que temporal? Mientras el organismo se escuda en cifras burocráticas y pretextos técnicos, las familias organizadas en las colonias viven día a día con la incertidumbre, el hartazgo y la indignación de no tener cómo bañarse, cómo cocinar, cómo limpiar, cómo vivir.
Es momento de que Interapas reconozca la magnitud de su omisión y responda, no con boletines, sino con agua. No con excusas, sino con soluciones. Porque el agua no es un lujo, -es un derecho humano, y negarlo en pleno 2025, es una grave forma de violencia institucional.-
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