En dos días, con prisas y sin escuchar a especialistas, académicos o sectores involucrados, la Cámara de Diputados prevé aprobar reformas en materia de Guardia Nacional, seguridad e inteligencia.
Los acuerdos de la Junta de Coordinación Política establecen que este martes, el Pleno discutirá y aprobará las leyes secundarias de la reforma constitucional que transfiere el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.
Se trata de una iniciativa propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum que expide la Ley de la Guardia Nacional y modifica ocho ordenamientos, siete de ellos militares.
La propuesta fue enviada por el Ejecutivo federal a la Comisión Permanente el pasado 9 de junio y turnada a la Cámara de Diputados dos días después, el 11 de junio.
La Comisión de Justicia la dictaminó el 18 de junio y, cinco días después, la mayoría prevé aprobarla en el Pleno.
El dictamen establece que la Guardia Nacional estará integrada por personal militar con formación policial, su titular, quien ostentará la jerarquía de General de División, será nombrado por el Ejecutivo, a propuesta del Secretario de la Defensa y los grados de sus integrantes serán homólogos a los del Ejército.
Agrega que el personal de dicha corporación se sujetará a la jurisdicción penal militar y al fuero de guerra y actuará en todos los lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal y en instalaciones estratégicas.
Según el dictamen, la Guardia Nacional podrá llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito, prácticas que la Oposición ha denunciado que son inconstitucionales, así como verificaciones para la prevención de infracciones.
Además, se le faculta para solicitar a concesionarios y permisionarios de telefonía móvil información de usuarios, incluida la georreferenciación de los equipos en tiempo real y para realizar intervenciones telefónicas previa autorización de un juez.
Mañana miércoles, el Pleno prevé discutir y aprobar los dictámenes que expiden la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Ambas iniciativas fueron enviadas por el Ejecutivo federal el 13 de febrero pasado y fueron dictaminadas por la Comisión de Seguridad el 19 de marzo.
Después de que su discusión se pospuso en dos ocasiones en el periodo ordinario de sesión pasado, el propio Gobierno federal solicitó frenar su discusión para revisar las iniciativas.
Ambas fueron criticadas porque ordenan la creación de un registro de usuarios de telefonía móvil al que las instituciones de seguridad pública "tendrán los accesos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones".
Además, permite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solicitar a cualquier institución de seguridad del Estado o privada información contenida en cualquier registro, incluido de datos biométricos, vehiculares, inmobiliarios, fiscales y de comercio para la investigación de delitos.
A decir del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, los dictámenes por los que se expiden ambas leyes serán modificados.
No obstante, a un día de que ambas leyes sean analizadas por el Pleno, según el calendario aprobado por la Jucopo, se desconoce el sentido de las modificaciones, aún cuando diversas bancadas han presentado propuestas.
De acuerdo con Monreal, las leyes secundarias de la reforma constitucional que transfiere la Guardia Nacional a la Sedena y la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica son la prioridad número uno del actual periodo extraordinario de sesiones de su bancadas y de sus aliados del PT y del Partido Verde.
