San Luis Potosí, SLP.- En medio de un conflicto que ha conmovido a la sociedad potosina, el caso del pequeño Santiago Ventura González, de tan solo siete meses de edad, revela mucho más que una disputa entre padres, deja al descubierto las profundas fallas en los mecanismos de protección a la infancia y la vulnerabilidad en la que pueden quedar atrapadas madres, padres e hijos cuando el sistema legal parece ir más lento que el dolor.
Desde el pasado 18 de junio, Marilú González ha denunciado públicamente la sustracción de su hijo, presuntamente a manos del padre y con la ayuda de dos familiares más. A través de redes sociales, Marilú no ha dejado de levantar la voz, compartiendo desgarradores mensajes sobre el último día que pasó con su hijo. Un testimonio que, más allá del hecho jurídico, conecta con una angustia profundamente humana, la de una madre que asegura haber sido separada de su bebé sin su consentimiento.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha informado que Santiago se encuentra en resguardo de su padre, quien se presentó voluntariamente ante la autoridad y ha iniciado un procedimiento legal en los juzgados familiares. La titular de la FGE, María Manuela García Cázares, existen elementos –como un video– que indican que la madre habría entregado al menor de forma voluntaria. No obstante, el proceso sigue en curso y no hay conclusiones definitivas.
Este contraste entre versiones vuelve difuso lo legal y lo legítimo. ¿Es suficiente un video o un testimonio aislado para determinar el consentimiento en un contexto de presunta presión o manipulación emocional? ¿Qué protocolos existen para asegurar que los derechos de un bebé, cuyo interés superior debe ser prioridad, están siendo protegidos desde el primer momento?
Mientras las autoridades investigan, la madre ha convocado a una manifestación pública, exigiendo el regreso de su hijo. La marcha, prevista para este lunes por la tarde, busca visibilizar lo que muchas familias viven en silencio, la desesperación frente a trámites burocráticos que, en casos de emergencia emocional, se sienten lejanos, fríos y ajenos.
Marilú ha hecho duras críticas al sistema, cuestionando por qué se exige a las madres seguir protocolos cuando el retiro del menor, según su versión, no respetó proceso alguno. “¿Por qué yo tengo que llenar papeles para recuperar a mi hijo, cuando a mí nadie me pidió autorización para quitármelo?”, escribió.
Hoy, Santiago es más que un bebé en el centro de una disputa legal. Es símbolo de una situación que no puede seguir repitiéndose en silencio. Este caso interpela a las instituciones encargadas de impartir justicia familiar, que muchas veces actúan con tiempos que no están sincronizados con el dolor y la urgencia de quienes esperan una resolución.
Lo que sucede con Santiago no es únicamente un asunto de tribunales, sino un llamado a revisar profundamente el modo en que el sistema protege —o falla en proteger— a los más vulnerables. La infancia no puede esperar. Y mucho menos puede quedar atrapada en los vacíos legales, en las interpretaciones subjetivas o en la indiferencia institucional. La justicia debe ser eficaz, sí, pero también empática. Porque cuando se trata de un bebé, cada día cuenta. Y cada error duele más de lo que los expedientes legales pueden registrar.
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