San Luis Potosí, SLP.- El Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 10 de la Ley de Atención y Apoyo a Migrantes del Estado de San Luis Potosí, para garantizar el acceso a servicios y prestaciones de los programas de atención a migrantes, el respeto y protección de sus derechos humanos, y salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes migrantes.
La iniciativa de la diputada Brisseire Sánchez López establece que San Luis Potosí es un estado considerado de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, siendo que en el periodo de 2015 – 2020 fue la entidad de destino para 3,470 personas, quienes llegaron por inseguridad o violencia, convirtiéndose en el noveno estado con más eventos de canalización y presentación de personas por la autoridad migratoria.
Es también un destino importante para personas con necesidad de protección internacional, luego de que en el 2021 fue el séptimo lugar en otorgamiento de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), y el noveno en emisión de Tarjetas de Residencia Permanente (TRP) a personas que obtuvieron la condición de refugiado.
El diputado Marcelino Rivera Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, explicó que, en razón de lo anterior, se visibiliza la actividad migrante que se presenta en el estado, lo que revela que, dentro de estos grupos de migración, se encuentra un sector aún más vulnerable, que sin lugar a dudas requiere de atención prioritaria: las niñas, niños y adolescentes, que se convierten en el sector de mayor riesgo.
En este tenor, se impone la pertinencia de adicionar la fracción V al artículo 10 de la Ley de Atención a Migrantes del Estado, para reconocer el derecho de salvaguardar el principio del interés superior de la niñez, con relación a las niñas, niños y adolescentes migrantes, resultando en gran beneficio para todas y todos aquellos menores que transitan por el territorio potosino, en virtud de ser un grupo que requiere de atención prioritaria, y a quienes se debe garantizar sus derechos fundamentales.
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