Diputados de Movimiento Ciudadano (MC) acudieron al INE para preguntarle si es constitucionalmente válido que el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, detenga la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que establece un salario base para maestros y personal de salud y de seguridad.
En un oficio suscrito por Pablo Vázquez Ahued y Juan Ignacio Zavala, consideraron que la negativa del senador podría constituir una violación a la voluntad popular y a la efectividad del sufragio, ya que la reforma fue aprobada entre septiembre y octubre del año pasado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y entre octubre y diciembre de ese mismo año por 31 Congresos locales.
La reforma constitucional señala que maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, médicos y enfermeras percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.
Los legisladores argumentaron que a pesar de que se cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 135 de la Constitución para su publicación, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado no ha emitido la declaratoria de constitucionalidad correspondiente, lo que impide su entrada en vigor.
En un video en redes, Vázquez Ahued recordó que han hecho de todo para que Fernández Noroña realice este trámite, como acudir a la Presidencia de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso hacerle el cuestionamiento de forma directa al morenista.
Sin embargo, dijo, el presidente del Senado sigue impidiendo la publicación de la reforma, de ahí que en esta ocasión acuden al INE.
"Las y los ciudadanos eligieron a sus representantes y los representantes aprobaron este incremento salarial, por lo tanto, es inadmisible que el presidente del Senado lo siga deteniendo. Esperaremos a ver que nos responde el Consejo General del INE", indicó.
De acuerdo con el oficio, la consulta se basa en que el INE es la autoridad que tiene la obligación de velar por la efectividad y la autenticidad del sufragio.
"¿Es constitucionalmente válido que una sola persona, en este caso el presidente del Senado de la República, pueda detener -sin fundamento ni motivación- la emisión de la Declaratoria de Constitucionalidad de una reforma que ya fue aprobada por las y los representantes populares elegidos por las y los ciudadanos?
"¿Qué impacto tiene en los derechos político-electorales de la ciudadanía que una reforma constitucional, aprobada por la representación legislativa nacional electa por las y los ciudadanos, y que ha cumplido todos los trámites constitucionales, no sea publicada por la omisión de un trámite burocrático-legislativo a cargo de la presidencia del Senado de la República?", plantea el documento dirigido a los consejeros electorales.
