San Luis Potosí, SLP.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí volvió a demostrar su insensibilidad institucional, al incumplir un amparo federal que ordena atención médica inmediata a Carmen M. Carrión, una derechohabiente de la tercera edad que recientemente perdió una pierna y hoy lucha por conservar la única extremidad que le queda.
El pasado lunes, personal del Hospital General de Zona No. 50 citó a la paciente a las 7 de la mañana de este jueves para valoración con un angiólogo, e incluso gestionaron una ambulancia del propio IMSS para su traslado. Sin embargo, y de manera inaceptable, el médico especialista nunca se presentó, lo cual demuestra que la Dirección de la clínica 50 no procuró la asistencia del angiólogo y dar cumplimiento con la orden de autoridad judicial.
La paciente, quien sufre úlceras graves en su única pierna y se encuentra inmovilizada, fue trasladada en camilla y, tras una hora de espera, tuvo que regresar a su domicilio sin haber sido valorada, sin diagnóstico ni tratamiento alguno, ya que ningún directivo del hospital pudo garantizar si el especialista llegaría más tarde o no.
Familiares de la derechohabiente calificaron esta situación como un acto de crueldad médica e institucional y advierten que en caso de que su familiar pierda su única pierna tomarán sin descanso acciones legales contra la institución y directivos.
Los familiares denunciaron que esta omisión no solo atenta contra la salud y dignidad de María del Carmen, sino que también constituye el inicio de un posible desacato a una orden de un juez de amparo, lo cual podría generar responsabilidad penal y administrativa para los funcionarios involucrados.
Además, exigieron la subrogación médica inmediata, tal como lo establece la Ley del Seguro Social cuando el instituto no puede garantizar atención oportuna y de calidad y más cuando está en riesgo la integridad física de la persona y aún más delicado el asunto, cuando se trata de un adulto mayor, y sin garantías de personal directivo de que el médico haga acto de presencia.
Este nuevo agravio ocurre a pesar de que la paciente ha fundamentado su solicitud con base en el Artículo 4° Constitucional, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por México en 2023.
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