San Luis Potosí, SLP.- Una alarmante realidad ha salido a la luz en San Luis Potosí, -decenas de centros de rehabilitación para personas con adicciones operan en la clandestinidad, sin supervisión médica, sin protocolos de atención adecuados y, en muchos casos, en condiciones insalubres que atentan contra la dignidad y la salud de sus internos-.
La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ha identificado al menos 10 espacios que simulan ser anexos, pero que en realidad son viviendas particulares improvisadas como centros de rehabilitación. Así lo dio a conocer Javier Urbano Herrera, titular de la dependencia, quien advirtió que esta cifra podría ser solo la punta del iceberg.
“Las denuncias ciudadanas han sido fundamentales para detectar estas irregularidades. Aunque hemos iniciado acciones legales y sanitarias en algunos casos, sabemos que hay muchos más que operan en la sombra”, señaló Herrera.
Lo que debería ser un entorno seguro para la recuperación de personas con adicciones, en muchos casos se convierte en un espacio de abandono e incluso maltrato. La Coepris ha documentado instalaciones con baños y cocinas en condiciones deplorables, sin ningún tipo de regulación ni personal capacitado para atender emergencias médicas o procesos de desintoxicación.
“Estamos hablando de lugares donde ni siquiera hay una valoración médica inicial. Familias confían a sus seres queridos en estos sitios sin saber que están en manos inexpertas y, peor aún, en espacios que ponen en riesgo su integridad”, afirmó el funcionario.
Aunque la Coepris ha logrado certificar alrededor de 60 centros que sí cumplen con la normativa sanitaria, la proliferación de anexos irregulares plantea un reto importante. El proceso legal para clausurar estos lugares no es inmediato, especialmente cuando hay personas internadas. En estos casos, se requiere la intervención de otras instancias como el DIF Estatal, el Ministerio Público y Protección Civil para asegurar el bienestar de los pacientes durante cualquier operativo.
“No se trata simplemente de cerrar un lugar. Cuando hay personas adentro, nuestra responsabilidad es protegerlas primero y coordinar acciones con otras autoridades para garantizar una transición segura”, explicó Herrera.
El titular de la Coepris hizo un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando este tipo de lugares. La participación social, dijo, ha sido clave para iniciar investigaciones y evitar que más personas sean víctimas de centros de rehabilitación que no solo incumplen la ley, sino que perpetúan el riesgo y el abandono.
“Es un problema de salud pública y también de derechos humanos. No podemos permitir que estos espacios continúen operando sin regulación”, concluyó.
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