México requiere un plan nacional para recuperar viviendas invadidas, aseguró Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados.
"Es un problema que seguirá creciendo mientras no exista un plan que permita frenar esta actividad ilícita", afirmó el especialista en entrevista.
La Ciudad de México y su área conurbada son ejemplo donde la problemática es a gran escala, aseguró el especialista.
"Mucha de la tierra está bajo la ocupación ilegal, se dan títulos falsos, transmisiones de propiedad con suplantación de personas, algún tipo de irregularidad e incluso ocupación de tierras que son rescate o reserva ecológica en el que ya se levantaron o edificaron casas", puntualizó.
Saucedo dijo que se desconoce cuántas viviendas se encuentran en estas condiciones, ni en número de metros cuadrados ni viviendas con este tipo de irregularidad, tanto en la Ciudad de México como en el resto del País.
En muchos casos, añadió el especialista, esto se debe a que la gente no denuncia las invasiones con las autoridades correspondientes.
Acusó que este problema también se puede agravar por el déficit que existe actualmente de vivienda y por el hecho de que muchas personas que tienen un segundo inmueble no lo llegan a habitar, lo que es aprovechado por los grupos delictivos.
"Hay cierto descuido por parte de los propietarios y por ello los inmuebles son invadidos de manera más fácil, además, con ayuda de 'coyotes' se hacen de documentación apócrifa para posteriormente vender los inmuebles", añadió el experto.
Este tipo de inmuebles no debe entrar en un proceso de legalización, pues esto motivaría que la misma gente o grupos delictivo continúen invadiendo propiedades habitacionales y terrenos que están desocupados, recomendó el especialista.
Los días 9 y 13 de mayo pasado, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ocho decretos expropiatorios que extinguieron la propiedad privada de inmuebles habitacionales para destinarlos a vivienda social.
Las propiedades se ubican en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, con superficies que van desde 138.42 hasta los 385.71 metros cuadrados.
Los inmuebles presentaban riesgo estructural y deterioro, y en varios casos los ocupantes solicitaron al gobierno la expropiación para obtener viviendas dignas, decorosas y seguras, citan los documentos.