Dado que la reforma al Poder Judicial se encuentra en una etapa primaria, y será a partir del 1 de septiembre próximo cuando entren en funciones los nuevos Ministros de la Suprema Corte, es prematuro determinar cuáles serán las implicaciones que tendrá en los arbitrajes en infraestructura, anticipó el bufete de abogados Hogan Lovells.
"Las implicaciones que va a tener la reforma del poder judicial en los arbitrajes en infraestructura, en particular, es muy prematuro", advirtió Juan Arturo Dueñas Rodríguez, consejero de la compañía, en el marco del foro el Arbitraje en Megaproyectos realizado este jueves.
No obstante, señaló que una de las mayores preocupaciones es en aquellos arbitrajes que se efectúen en contra entidades del Estado, por ejemplo, Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lo anterior, dijo, pues dichos organismos al ser parte del Estado, el Gobierno puede tener injerencia en las decisiones de los jueces para anular las disputas.
"Actualmente es muy prematuro saber cuál va a ser finalmente la repercusión total de la reforma de poder", reiteró.
Dueñas Rodríguez comentó que la preocupación a nivel internacional es que el Poder Judicial en México pueda perder independencia e imparcialidad, mientras que en otros países éste actúa de forma autónoma, incluso a las decisiones en contra del propio Estado.
Agregó que la reforma genera incertidumbre en la forma en la que se visualiza el Estado de Derecho, principalmente por la forma en la que los jueces fueron electos, y los filtros y credenciales que se determinaron para los aspirantes a los nuevos cargos.
En ese sentido, expuso que uno de los aspectos que preocupan es que éstos tengan la preparación suficiente para asumir los nuevos cargos, pues en algunos casos jamás han sido jueces.
"Por otro lado, se pierden a personas con amplia trayectoria en el Poder Judicial con una carrera de más de 15 o 20 años. Entonces, habrá una curva de aprendizaje que podría ser de hasta dos años", puntualizó.
