Al denunciar que la Primera Sala busca aprobar un tercer impedimento en su contra promovido por Grupo Salinas, la ministra Lenia Batres Guadarrama acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de “confabular" con las empresas de Ricardo Salinas Pliego para permitirles evadir pagos fiscales por más de 35 mil millones de pesos, incluyendo recargos y multas.

Señaló que la Corte ha permitido una estrategia dilatoria del grupo empresarial, lo que ha retrasado por más de medio año la resolución de los juicios, con un acumulado de 56 impedimentos y otros recursos.

En redes sociales, Batres publicó un video de 11 minutos en el que reveló que la Primera Sala alista la votación del proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que propone aceptar la recusación promovida por Elektra para excluirla de la discusión del amparo directo en revisión 6321/2024, relacionado con un crédito fiscal de más de 33 mil millones de pesos contra dicha empresa.

La ministra afirmó que el proyecto la acusa de haber perdido objetividad e imparcialidad, al validar la denuncia de Elektra sobre una supuesta animadversión hacia Salinas Pliego, basada en publicaciones que ella hizo en redes sociales entre 2014 y 2021, antes de integrarse a la Corte.

“¿Qué Corte puede llamarse suprema si sanciona retroactivamente la libertad de expresión de una de sus integrantes, que ni siquiera es materia de sanción? ¿Qué Corte puede llamarse suprema si no solo permite, sino que confabula con particulares para ayudarles a que no cumplan con la Constitución de la que deberían ser guardianes?”, cuestionó la ministra, quien se autodenomina “la ministra del pueblo”.

Batres rechazó la interpretación del proyecto, argumentando que la causal de impedimento por “enemistad manifiesta” debe implicar un conflicto de interés comprobable, no simples opiniones públicas o percepciones subjetivas. Respaldó su postura con precedentes en asuntos similares (39/2024, 40/2024, 42/2024), donde se resolvió que la emisión de opiniones no compromete la imparcialidad de un ministro.

“Algunos ministros que sí parecen tener interés particular por resolver estos asuntos han censurado mi libertad de expresión de manera retroactiva, con argumentos insostenibles y absurdos para convertir esas opiniones antiguas en causa de impedimento. Es como si al Inter Miami se le ocurriera expulsar a Messi por haber opinado hace 10 años que el mejor equipo era el Barcelona, si me permiten el símil”, ironizó.

Recordó que la Primera y la Segunda Sala ya aprobaron dos impedimentos anteriores promovidos por el mismo grupo empresarial, lo cual calificó de ilegal, al no haberse acreditado que su participación derive en algún beneficio o perjuicio personal.

También denunció una estrategia jurídica sistemática impulsada por Salinas Pliego y sus empresas, con la colaboración —activa o pasiva— de la Corte.

“Primero, porque se aceptó pasivamente una retahíla de 56 impedimentos y recursos como táctica dilatoria, lo que permitió posponer durante al menos siete meses la resolución de estos juicios”, señaló.

Finalmente, recordó que en marzo del año pasado la Corte amparó a Totalplay, también del grupo Salinas, para reducir un adeudo fiscal de 645 millones 763 mil 797 pesos, correspondiente a omisiones del ejercicio fiscal 2011.

“Como ministra no puedo presumir la existencia de ningún adeudo de nadie, pero en este caso ya se eximió del pago de 621 millones de pesos a una empresa de este grupo, en una resolución injustificada”, dijo.