El Gobierno federal y abogados particulares están usando la táctica dilatoria del impedimento contra Ministros y Ministras para que la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya gestión vence en septiembre, no resuelva casos relevantes en las pocas semanas de trabajo que le quedan.
Los expedientes incluyen el amparo de una acusada por el secuestro de Hugo Alberto Wallace, la deuda fiscal de 2 mil 868 millones de pesos de una minera canadiense, una disputa de la empresa Dish por IVA de 223 millones de pesos y la revocación o no del criterio que obliga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a pagar intereses cuando devuelve impuestos por nulidad de créditos fiscales.
En todos ellos, se ha recusado algún Ministro, lo que requiere un trámite que toma varias semanas e impide que se dicte sentencia sobre el caso en el que está involucrado.
Fuentes de la Corte informaron que otra táctica para congelar los asuntos es desistirse de los recursos de revisión, pero sin ratificar el escrito desistimiento, lo que deja los expedientes en el limbo porque no se pueden votar.
Las Primera y Segunda Salas de la Corte ya sólo tendrán cuatro y tres sesiones, respectivamente, antes de parar labores el 13 de agosto.
Los asuntos pendientes quedarán para la nueva integración del máximo tribunal, que sólo funcionará en pleno, lo que podría provocar retrasos, pues la gran mayoría de los casos siempre ha sido despachada por las Salas, que discuten en privado y sólo abren las sesiones al público para votar.
Impedimentos
Para el caso de Juana Hilda González, condenada a 78 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, Alfredo Gutiérrez propuso conceder un amparo para liberarla de inmediato, agendado para el 11 de junio, pero una de las partes ya planteó el impedimento del Ministro.
El SAT, por su parte, también recusó a Gutiérrez, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum le reclamó en la mañanera del de 21 de mayo -sin mencionarlo por nombre-porque quiere mantener su criterio de que sí se deben pagar intereses en devoluciones.
El argumento para el impedimento es que Gutiérrez fue jefe del SAT cuando iniciaron algunos de los litigios.
Ante el inminente desechamiento de su último recurso contra la dependencia, que la Segunda Sala tenía previsto votar el 4 de junio, la minera Primero planteó el impedimento de la Ministra Lenia Batres, sin que se conozca públicamente su argumento.
El banco Actinver, que disputa mil 100 millones de pesos reclamados por el empresario Rafael Zaga, de plano pidió la recusación de tres de cinco integrantes de la Primera Sala, obligando a que la Segunda sea la que decida si es cierto que pueden actuar con parcialidad.
Buena parte de los impedimentos de finales de 2024 y principios de 2025 fueron de Grupo Elektra, pionera en el uso de esta táctica, para retrasar el desechamiento de dos recursos contra créditos fiscales que suman más de 33 mil millones de pesos.
