San Luis Potosí, SLP.- En el corazón de la zona media de San Luis Potosí, una realidad dolorosa volvió a salir a la luz, una niña de apenas 12 años, originaria de una comunidad indígena del municipio de Santa Catarina, se convirtió en madre tras dar a luz en el Hospital General de Rioverde.
El hecho ha encendido nuevamente las alertas en torno a los derechos de la infancia, especialmente en regiones donde las tradiciones y los usos comunitarios, lejos de proteger, en ocasiones perpetúan patrones de violencia y vulneración.
Óscar Camacho, titular regional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), confirmó el caso y anunció la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el embarazo. Detrás de la noticia se asoman preguntas incómodas, ¿quién falló? ¿La familia? ¿La comunidad? ¿El Estado?
Aunque tanto la menor como su bebé están fuera de peligro y reciben acompañamiento especializado, el caso no deja de ser alarmante. En varias comunidades indígenas, los embarazos en niñas y adolescentes siguen siendo normalizados bajo la bandera de los “usos y costumbres”, una práctica que choca frontalmente con los marcos legales que buscan proteger la infancia.
La situación no es aislada. Es el reflejo de un sistema que no ha logrado penetrar con eficacia en los rincones más olvidados del país. La educación sexual integral, la prevención de la violencia de género y la garantía de derechos básicos para niñas y adolescentes siguen siendo una deuda pendiente, sobre todo en contextos rurales e indígenas.
Este no es solo un caso médico o legal, es un espejo de profundas desigualdades. Cuando una niña se convierte en madre, algo se rompe. No solo en su vida, sino en el tejido social que permitió que ocurriera. Es momento de dejar de mirar hacia otro lado y de preguntarnos, como sociedad, cuántas infancias más estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la tradición o la indiferencia.
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