San Luis Potosí, SLP.- Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, en San Luis Potosí, 50 mujeres accedieron de forma legal a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), así lo reconoce los Servicios de Salud del Estado. Este dato no solo representa una cifra, también un reflejo del avance en el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Las usuarias de este servicio tienen entre 14 y 44 años, siendo el caso más impactante es el de una adolescente de 14 años que fue atendida el 13 de marzo en la capital del estado.
Sin embargo, mientras algunas mujeres logran ejercer su derecho a decidir sobre su maternidad, otras pierden la vida en circunstancias que reflejan una sociedad aún profundamente desigual y violenta.
Solo en los primeros cuatro meses de 2025, se registraron en el estado 29 muertes violentas de mujeres. El 65 % de estas —es decir, 19 casos— fueron catalogadas como homicidios culposos, ocurridos principalmente en accidentes de tránsito. Otras 8 muertes iniciaron como carpetas por homicidio doloso, investigadas bajo protocolo de feminicidio, pero finalmente descartadas como tales. Y apenas 2 casos, de todos esos, fueron tipificados como feminicidios.
La estadística puede parecer fría, pero sugiere algo profundo, -la mayoría de las muertes violentas de mujeres en San Luis Potosí no ocurren por su condición de mujer —al menos según el criterio judicial—, pero sí revelan un entorno de negligencia, violencia estructural y falta de garantías para la vida y seguridad de las mujeres.
¿Cómo entender que en un mismo estado, una adolescente de 14 años puede acceder a un aborto legal, pero otra mujer puede morir atropellada o en un choque donde ni siquiera hay justicia clara? ¿De qué sirve garantizar el derecho a decidir, si seguimos fallando en proteger la vida de quienes deciden?
La paradoja es brutal, las mujeres potosinas pueden ejercer derechos sexuales y reproductivos, pero no están a salvo en las calles, ni en los autos, ni en su entorno cotidiano. Los datos no solo nos informan, nos confrontan, ¿de qué sirve avanzar en unos derechos si otros tan básicos, como el derecho a la vida, siguen en deuda?
Más que cifras, lo que necesitamos son medidas urgentes, integrales y con perspectiva de género, para que ninguna mujer tenga que elegir entre ejercer su derecho y arriesgar su vida por vivir en un entorno que aún no las protege.
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