Con un proceso que ha durado 14 años, la empresa Rialva busca que le sea restituido un predio, ubicado en Rojo Gómez 1320, en Iztapalapa, que le fue despojado el 9 de mayo de 2011.
El representante legal de esta compañía, Luis Elizondo, apuntó que con los numerosos fallos judiciales, el más reciente fechado el 2 de agosto de 2024, y la omisión del Gobierno capitalino para brindar apoyo y lograr el desalojo, lo que se busca es el desgaste de los propietarios.
"Le apuestan al desgaste, a la desesperación, a que quede sin alguien que le de seguimiento", expuso.
Jefaturas de Gobierno han omitido brindar apoyo para restituir el predio a la empresa, que ha demostrado en juzgados, cada año, ser la titular con el pago puntual del impuesto predial sobre los 9 mil 900 metros cuadrados registrados en la escritura.
Desde el primer día de la invasión, la empresa acudió al Ministerio Público de la ahora Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y ha obtenido cada año órdenes judiciales de desalojo liberadas por jueces.
Durante este tiempo, juzgados han otorgado 14 órdenes de desalojo -que han sido neutralizadas por las autoridades- en las que han instruido disponer de un destacamento policiaco para realizar una desocupación pacífica.
De distintas formas, la autoridad requerida, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ha omitido acatar las resoluciones judiciales.
En ocasiones, evitando asignar al personal solicitado; en otras, con agentes insuficientes y en algunos argumentó que fue notificada sobre recursos legales presentados por el grupo invasor horas antes de cumplimentar las órdenes judiciales.
"Por existir una discrepancia material entre los recursos solicitados y los proporcionados, razón por la cual materialmente no fue posible practicar la diligencia de lanzamiento", apuntó uno de los reportes derivados de órdenes de desalojo en 2024.
En el lugar, tomado por un gripo del Consejo Agrarista Mexicano, Humberto Serrano, y posteriormente transferido a otra organización de Antorcha Campesina, se han edificado casas, que cuentan con servicios urbanos proporcionados por la Alcaldía.
Hasta 2023 se habían identificado al menos 127 viviendas en el lugar.
"Hago constar que no se presentaron los elementos de la fuerza pública adscritos a la SSC de esta Ciudad, no obstante, que se giró el oficio correspondiente para su solicitud de apoyo y toda vez que la misma es necesaria para la práctica de la diligencia toda vez que los ocupantes del domicilio son muy numerosos", indicó un informe de los actuarios judiciales.
Los invasores cuentan con abogados que promueven impugnaciones ante los procesos legales promovidos por Rialva para obtener la restitución del predio.
En cada recurso iniciado por los invasores, la empresa acreditó la propiedad despojada durante 14 años.
