San Luis Potosí, SLP.- La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha iniciado los primeros pasos de un proceso judicial con el objetivo de esclarecer, ante las autoridades competentes, la legalidad y cumplimiento de un contrato de arrendamiento con la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V., cuyo incumplimiento ha generado una disputa sobre el destino de un predio universitario de más de 46 mil metros cuadrados ubicado en Lomas Cuarta Sección.
Tras haber transcurrido el plazo de 30 días otorgado por la UASLP para una respuesta formal por parte de la empresa —mismo que concluyó el pasado 14 de mayo— y ante la falta de avances o pago por parte de VEM, la institución ha decidido canalizar el caso a instancias judiciales para determinar, con respaldo legal, si los términos del contrato han sido vulnerados y quién tiene la razón en esta controversia.
La abogada general de la Universidad, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, confirmó que el proceso ya se encuentra en marcha, aunque subrayó que los detalles específicos se mantendrán bajo reserva hasta que el rectorado autorice su divulgación pública. Esta medida busca proteger la integridad del proceso y evitar especulaciones que puedan interferir con el curso legal.
“La vía jurídica nos permitirá tener claridad sobre el cumplimiento del contrato. Estamos cumpliendo con los procedimientos y esperaremos la decisión de la autoridad competente”, indicó la abogada, quien ha sido designada como la encargada exclusiva del caso.
El conflicto tiene su origen en un contrato firmado en abril de 2024, mediante el cual la empresa se comprometía a desarrollar un centro deportivo universitario. Sin embargo, con el paso de los meses, VEM promovió de manera unilateral un proyecto inmobiliario comercial distinto, sin la autorización de la Universidad. Además, incumplió con diversos compromisos clave, no entregó el depósito de garantía ni la fianza de cumplimiento, no inició obras y tampoco realizó el pago correspondiente tras el término del año de gracia, estimado en 3 millones 450 mil pesos.
En vista de estos antecedentes, el rector Alejandro Zermeño Guerra informó desde abril que la Universidad procedería legalmente si la empresa no respondía a la solicitud de rescisión por mutuo acuerdo, emitida formalmente mediante el oficio OAG-482/2025 el pasado 10 de abril.
“No hemos pedido favores ni intermediaciones externas. Estamos conduciendo este proceso de forma institucional y con total apego a la legalidad. Será una autoridad judicial quien determine si el contrato sigue vigente o debe anularse, y acataremos plenamente lo que se resuelva”, declaró el rector en respuesta a señalamientos recientes.
Por lo pronto, la UASLP mantiene su postura de defensa del patrimonio universitario y reafirma su compromiso con la transparencia, mientras aguarda la determinación de las instancias judiciales sobre un acuerdo que, lejos de avanzar en beneficio de la comunidad, se ha traducido en omisiones y desavenencias contractuales por parte de la empresa arrendataria.
La resolución del caso será clave para establecer precedentes sobre la gestión del suelo universitario y la responsabilidad de empresas privadas que busquen establecer convenios con instituciones públicas.
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