Tras evidenciarse el operativo fraudulento del Gobernador Samuel García para coaccionar a empleados estatales, a los que reparte "acordeones" con listas de candidatos a juez por quienes deberán votar el 1 de junio, la Administración emecista sacó reuniones de oficinas públicas y las llevó a casas particulares, a las que acuden titulares de Secretarías del Estado.
Ayer, periodistas de Grupo REFORMA constataron el cambio de modus operandi al trasladarse una de estas juntas de "adiestramiento" a una vivienda de la Colonia Mitras Norte.
El Secretario de Medio Ambiente estatal, Alfonso Martínez Muñoz, acudió a esta "capacitación", que repitió el esquema de reuniones que se han realizado en edificios de Gobierno y de MC, práctica que se ha publicado en los últimos días y que incluye la amenaza de despido si no se participa.
'Estamos temerosos de un problemón'
Empleados del Gobierno del Estado se sienten entre la espada y la pared.
Al ser obligados a acarrear votantes para la elección del Poder Judicial Federal, si no lo hacen pueden ser despedidos de la Administración del Gobernador emecista Samuel García, y si lo hacen temen enfrentar consecuencias legales.
"No estoy trabajando a gusto, me están obligando a votar", dijo uno de los 50 maestros de la Universidad Ciudadana, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.
Señaló que los obligan a reclutar a 10 personas para que voten por los candidatos que les indiquen en un "acordeón".
"Empezaron diciendo que ocupábamos 5 recomendados, que íbamos a pedirles su INE, su teléfono", explicó, "me empecé a asustar cuando me pidieron que hiciera un grupo de WhatsApp y un ejercicio pidiendo datos".
El miércoles, en una sesión de "capacitación" a la que se infiltró una periodista de GRUPO REFORMA, se constató el operativo emecista para acarrear votos a favor de ministros, magistrados y jueces afines al Ejecutivo, a la 4T y a MC.
El maestro dijo que el día de la elección revisarán el sentido de su voto y de sus recomendados, y si no cumplen con el "acordeón" pueden sufrir consecuencias.
"Estoy muy asustado porque van a ver la manera de que votemos y nuestros recomendados, y si no nos irá mal.
"En una junta en la Universidad Ciudadana nos dijeron que nos iban a correr porque no querían en el equipo a gente que no aportara".
Trabajadores de otras áreas dijeron temer consecuencias legales por el "operativo acordeón", y recordaron el caso de las "broncofirmas".
"Ya pasó con el 'Bronco'", recordó un empleado que pidió omitir su nombre.
"Nos pusieron a juntar firmas y luego ahí andábamos con citatorios... ni nos asesoraron bien, la libramos de milagro", añadió, "ahora está peor, porque ya ni te dan opción de si quieres participar o no, y la gente anda temerosa que se venga un problemón".
En el 2018, cuando el entonces Gobernador Jaime Rodríguez, "El Bronco", aspiraba a la Presidencia, solicitó que empleados estatales le juntaran firmas para registrarse como candidato independiente.
Como la operación se hizo en días y horarios laborales, y con el uso de recursos públicos, 572 servidores públicos terminaron citados en procesos legales.
El caso, que llevó a Rodríguez al penal en marzo del 2022, surgió de una investigación de Grupo REFORMA que luego fue utilizada para una denuncia de los emecistas Mariela Saldívar y el ahora Gobernador.
Ahora, es el Mandatario el acusado de usar el aparato oficial para tratar de llevar a perfiles afines a MC y Morena al Poder Judicial.