Una jueza federal resolvió que, si quiere mantener vigente la suspensión que impide su captura y encarcelamiento, Silvano Aureoles debe acudir en un plazo de 5 días a la audiencia para ser imputado de un supuesto daño al erario de 3 mil 412 millones de pesos.
Esta determinación fue tomada, a pesar de que Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, ya giró un citatorio al ex Gobernador de Michoacán para que comparezca a la audiencia de imputación el próximo 20 de agosto.
Jovita Vargas Alarcón, Juez Noveno de Distrito en Materia Penal de esta ciudad, negó al michoacano su solicitud de cancelar el plazo de 5 días para comparecer ante la justicia, obligación que le impuso al concederle la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión y la prisión preventiva.
"Ahora bien, respecto a su solicitud consistente en que se suspenda el plazo de cinco días a que se condiciona la efectividad de la suspensión definitiva, con motivo del recurso de revisión interpuesto, hágase del conocimiento de la parte quejosa que no ha lugar a acordar de conformidad dicha petición", acordó Vargas Alarcón.
"Máxime que, dichos requisitos de efectividad obedecen a la necesidad de evitar que el quejoso evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación".
Aureoles planteó que, debido a que la FGR impugnó la suspensión definitiva, debe quedar sin efecto la obligación de comparecer a audiencia, al menos hasta que se resuelva si prevalece la medida que lo protege de la captura y la cárcel.
La juzgadora argumentó que el recurso de revisión presentado contra la suspensión no paraliza la protección que brinda al imputado y, por consecuencia, tampoco las obligaciones impuestas.
En caso de que no se presente a la audiencia inicial, la juez Vargas dejará sin efecto la suspensión y la FGR ya no tendría ningún impedimento para ejecutarle el mandamiento de captura.
El pasado 27 de febrero la juez Sánchez Nava ordenó de aprehensión de Aureoles y siete de sus colaboradores por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
La FGR les imputa participar de 2016 a 2017 en la presunta contratación ilegal del desarrollo, arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de seguridad pública por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.
Las estaciones de la Policía se desarrollaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, y los contratos fueron adjudicados en forma directa a la empresa Inmobiliaria DyF.
