Candidatos a los cargos de elección del Poder Judicial contrataron publicidad en redes sociales pese a estar prohibido por la autoridad electoral, de acuerdo con la reglamentación vigente, señaló el Observatorio Electoral Judicial (OEJ).
Indicó que otras candidaturas han utilizado estructuras anormales de apoyo que, incluso, podrían llevar a la cancelación de su participación.
El OEJ detectó la presencia de apoyo no orgánico especialmente para quienes compiten por ser Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante la presentación del tercer informe "Hallazgos más relevantes de las campañas", Luis Fernández, director de Práctica: Laboratorio para la Democracia, abundó que al menos 380 personas han gastado recursos de manera directa o indirecta para comprar publicidad en redes sociales, siendo esta última un mecanismo difícil de fiscalizar.
Esta situación, apuntó, es inequitativa frente al contexto en el que se desarrollan otras candidaturas que financian sus campañas a través de su ahorros.
La organización instó a la autoridad electoral a redefinir los mecanismos de fiscalización rumbo a 2027, creando condiciones necesarias para inhibir este esquema de operación.
Daniela Arias, coordinadora de Laboratorio Electoral, informó que el Observatorio denunciará a las candidaturas que fueron en contra de la ley y se apoyaron en estructuras anormales para promoverse.
Otro de los hallazgos implica a 14 casos que crearon encuestas ficticias y no registradas ante las autoridades electorales.
"Se han difundido diversas encuestas que no sólo carecen de metodología clara, o incluso de registro ante el INE, sino que evidencian inclinación hacia ciertas candidaturas", indica el informe.
Además, advierte que se detectaron perfiles de influenciadores afines al oficialismo que replican las encuestas de manera sistemática.
Por ello, pidió al árbitro electoral implementar un sistema de verificación más riguroso, implementar herramientas especializadas en el monitoreo activo de redes sociales y aplicar sanciones a las casas encuestadoras y a los responsables de su difusión.
El Observatorio Electoral Judicial llamó a las candidaturas a respetar la ley.
