San Luis Potosí, SLP.- San Luis Potosí enfrenta una creciente preocupación por los casos de acoso escolar, especialmente en instituciones privadas donde padres y madres han comenzado a alzar la voz ante lo que consideran una omisión grave por parte de las autoridades escolares. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado han confirmado que actualmente existen dos investigaciones abiertas, pero el avance de las mismas ha sido lento y marcado por la falta de colaboración de los planteles involucrados.
Giovanna Argüelles, titular de la CEDH, informó que el organismo ya ha recibido varias quejas por bullying y acoso escolar, tanto por parte de familiares como por oficio. Ante esta situación, la comisión se encuentra elaborando un pronunciamiento institucional con el objetivo de visibilizar la problemática y establecer una postura clara en contra de estas conductas.
“La región centro del estado es la que concentra la mayor cantidad de atenciones”, detalló Argüelles, destacando particularmente dos casos que han generado amplia atención mediática y social: el del Instituto Hispano Inglés y el del Instituto Potosino Marista, donde se denunció el acoso hacia un menor con discapacidad intelectual.
El Instituto Hispano Inglés ha sido escenario de protestas pacíficas organizadas por padres de familia, quienes exigen respuestas claras y medidas concretas tras denuncias reiteradas de bullying. A pesar de la presión social, la fiscal María Manuela García Cázares señaló que aún no se han presentado denuncias formales ante la Fiscalía por estos hechos, aunque confirmó que existen dos colegios privados bajo investigación por casos similares.
Uno de los antecedentes más graves ocurrió en febrero, cuando una madre denunció públicamente los abusos que su hijo había sufrido durante meses en el mismo instituto sin recibir apoyo ni soluciones por parte del plantel, que incluso fue acusado de encubrir y minimizar la situación.
García Cázares aclaró que en ninguno de los casos investigados las denuncias fueron iniciadas por las instituciones educativas, sino por las propias familias, lo que refleja una preocupante resistencia a asumir responsabilidades por parte de los colegios. Actualmente, la Fiscalía se encuentra en la etapa de integración de carpetas, a la espera de que los centros escolares entreguen la información requerida para avanzar en los procesos.
Este escenario evidencia un patrón de silencio institucional y deja en claro la necesidad de que las autoridades educativas y de derechos humanos establezcan mecanismos más efectivos para prevenir y sancionar el acoso escolar. Las voces de las víctimas y sus familias no pueden seguir siendo ignoradas.
.gif)
