Martes 20 de Mayo de 2025 | Aguascalientes.
El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a través del Bufete Olea y Asociados, inició una persecución penal en la FGR en contra del ex mandatario panista Francisco García Cabeza de Vaca, del ex fiscal anticorrupción, Javier Castro, de un juez de Distrito y de diversos particulares.
De acuerdo con las denuncias presentadas y registros judiciales, entre los denunciados se encuentran los litigantes Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, así como una particular identificada como Claudia Rodríguez, a quien se acusó de presuntamente falsificar un poder notarial para gestionar una constancia de residencia de García Cabeza de Vaca durante el pasado proceso electoral.
Pese a que la FGR no tiene competencia para conocer los asuntos, pues no se trata de hechos del fuero federal, la agente del Ministerio Público, Elvia Ángeles Pérez, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda y Fiscales, le ha dado entrado a tres denuncias.
Dos de las querellas fueron presentadas directamente por el Bufete Olea y Asociados, al que en 2023 el Gobierno de Tamaulipas le pagó 23.2 millones de pesos para representar a Villarreal en distintos juicios.
La tercera, por el abogado José Isabel Luna Chávez, en representación de la empresa Grupo Inmobiliario Corcom, sin embargo, autorizó al despacho Olea y Asociados para participar en la litigación.
Grupo REFORMA dio a conocer el domingo que, pese a que la contratación del bufete por parte del Gobierno de Tamaulipas era para llevar asuntos del Gobierno del Estado, Villarreal lo ha utilizado para litigar asuntos personales y partidistas.
Este despacho es el que llevó los asuntos a la FGR, en donde, al menos uno de los casos, ya ha sido judicializado y en el que el Juez de control determinó que el delito de uso de documento falso que se le imputó a Claudia Rodríguez debe ser atendido por la justicia local.
En el caso de la denuncia promovida a nombre de Grupo Inmobiliario Corcom se acusó a García Cabeza de Vaca, al ex fiscal, Javier Castro, y a los abogados Coello, de supuestamente haber obligado a un empresario a ceder al Gobierno del Estado cinco lotes ubicados en la Playa Miramar, de Ciudad Madero, para no cumplir una orden de aprehensión en su contra.
Una segunda denuncia fue promovida por Olea y Asociados en nombre de Morena y del diputado morenista, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de García Cabeza de Vaca y del ex Juez Séptimo de Distrito del Décimo Noveno Circuito, en el Estado de Tamaulipas, Juan Fernando Alvarado López, porque el impartidor de justicia le otorgó al panista un amparo para evitar su aprehensión durante la pasada contienda electoral.
La tercera, es en la que se imputó el uso del documento falso y con la cual se buscó impedir que Cabeza de Vaca compitiera por una curul del Senado de la República.
