Los Magistrados de Circuito son los jueces más importantes del País, sólo debajo de los Ministros de la Suprema Corte, y casi 80 por ciento de los mil 638 candidatos que buscarán 464 puestos en la elección de junio ya trabajan en algún tribunal, federal o local, muchos desde hace décadas.
Pero eso no lo sabrán los electores. Ante la imposibilidad física de incluir más información en las boletas, cada nombre viene acompañado sólo de las iniciales del Poder o Poderes que postularon al candidato, o si son Magistrados en funciones.
Por tanto, elegir un nombre al azar implica la diferencia entre un aspirante vinculado directamente a Morena o algún otro partido; otro que lleva 20 o 30 años de carrera en el Poder Judicial Federal (PJF); una más que es jueza local, o secretaria en algún tribunal administrativo; algún funcionario o ex funcionario federal o estatal de nivel medio, no necesariamente partidista, que ve en la magistratura una oportunidad de ganar más y ejercer un poder muy superior a cualquiera que ha conocido; y, por supuesto, un litigante, casi en todos los casos independiente, que no viene de los grandes despachos y se gana la vida peleando por conseguir clientes.
Los ganadores serán responsables de resolver, en última instancia, casi todos los litigios del País, salvo los muy pocos que llegan a la Corte, que en 2024 solo aceptó revisar mil 472 de las 146 mil sentencias dictadas por los tribunales colegiados en amparos directos.
Un análisis de REFORMA indica que el 60 por ciento de los candidatos es personal de carrera del propio PJF, incluidos 167 Magistrados en funciones y 51 jueces de Distrito que buscan ascender a Magistrados.
El resto son funcionarios que han pasado su vida profesional redactando proyectos en tribunales y juzgados, y algunos de ellos en la Corte, pero que no participaron o no pudieron ganar en uno de los muchos concursos de oposición que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) organizó desde 1995 para convertirse en jueces.
Casi todo este grupo de 767 personas lo integran secretarios proyectistas, pero como los nuevos requisitos para ser Magistrado son mínimos, también hay personal de categorías inferiores del PJF, es decir, oficiales, actuarios o secretarios particulares, que buscan saltarse todos los pasos de la carrera judicial para llegar a lo que siempre fue considerado el puesto más alto del escalafón.
Fuera de la carrera judicial, hay otros 18 candidatos que son defensores o asesores públicos federales y, por tanto, son empleados del CJF.
La presencia predominante de personal del PJF en las candidaturas lleva a concluir que, más allá de las protestas contra la reforma judicial que paralizaron los tribunales entre agosto y octubre de 2024, la 4T tenía claro que un grupo significativo estaría dispuesto a participar en las elecciones, una vez que se volviera una realidad inevitable y la única manera de avanzar sus carreras.
El CJF emplea alrededor de 8 mil 150 secretarios proyectistas en tribunales y juzgados. No se sabe cuántos se inscribieron ante los comités de Evaluación, pero todo indica que la experiencia en el PJF, aún con poco tiempo y nivel jerárquico, fue un factor decisivo durante la etapa de "calificación de idoneidad" del proceso de selección, que fue altamente discrecional en el Ejecutivo y Legislativo, y no existió en el Judicial.
Por eso hay grandes contrastes. En Aguascalientes, por ejemplo, cuatro secretarios proyectistas con más de 20 años de experiencia compiten de igual a igual con cuatro empleadas que son oficiales o actuarias. En ese estado, como en todo el País, la ventaja podría ser para los Magistrados en funciones que aparecerán en la boleta con las siglas EF, para distinguirlos del resto.
En el contingente de carrera, va un grupo de 10 aspirantes que trabajaron, en la Corte o en el CJF, con uno de los principales operadores de la elección, el exMinistro Arturo Zaldívar, quien encabezó el Comité de Evaluación del Ejecutivo.
Buena parte de este grupo salió de la Corte tras la elección de Norma Piña como presidenta, en 2023, y fue a dar al Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, donde estaba adscrita la Magistrada Fabiana Estrada Tena, una de las colaboradoras más cercanas de Zaldívar y ahora candidata a Ministra.
De la Corte también participan al menos 33 secretarios de estudio y cuenta, 10 de ellos que trabajan o recientemente trabajaron para la Ministra y candidata Yasmín Esquivel, y otros cinco de su competidora Loretta Ortiz, amén de seis de Javier Láynez y cinco de Alberto Pérez Dayán.
Además, es candidata la directora de Colaboración Institucional de la Corte, Nora George, que trabajó con Esquivel en el Tribunal Contencioso de la CDMX, y fue directora de Derecho en Westhill, la universidad del esposo de la ministra, José María Rioboo.
El Primer Circuito, crucial
La elección más importante, por mucho, será la del Primer Circuito en la Ciudad de México, donde se concentran los tribunales colegiados que resuelven la gran mayoría de los asuntos de relevancia nacional en todas las materias.
El 28 por ciento de los Magistrados serán electos en la Capital, donde hay 465 candidatos, que el Instituto Nacional Electoral (INE) repartió en 11 distritos.
De los 465, 301 son personal del PJF, casi el 65 por ciento, incluido un bloque de 223 que son juzgadores en activo o secretarios con más de 15 años de experiencia, muchos de ellos ya en funciones de Magistrados, por la desbandada de más de 330 que se empezaron a jubilar a mediados de 2024, para no someterse a la reforma morenista.
En algunos distritos de la CDMX, como el 1, 3 y 4, más de 75 por ciento de los candidatos son funcionarios del PJF, y en ninguno hay menos de 55 por ciento.
Esta situación se repite con variaciones en el resto de los 49 distritos electorales del País, donde personal del PJF ocupa entre 40 y 75 por ciento de las candidaturas, y hay ciertos puestos para los cuales sólo tienen un adversario de origen profesional distinto, o incluso ninguno.
¿Por qué todas estas cifras? Porque, si los ciudadanos realmente van a votar al azar, si no habrá línea previa ni acarreo ni operación política de dependencias federales o gobiernos estatales, entonces, por mera probabilidad, la mayoría de los 464 Magistrados del "nuevo" Poder Judicial, serán producto químicamente puro del "viejo" Poder Judicial.
Los 'externos'
La elección no fue atractiva, por lo visto, para grupos identificables: socios, e incluso asociados menores, de los despachos de abogados más importantes del País; altos funcionarios federales y estatales, de nivel superior a dirección general; académicos, y personal de la FGR y las 32 fiscalías estatales.
De los datos biográficos enviados al INE, es posible identificar a 19 candidatos con vínculos partidistas.
Los más obvios: la Alcaldesa morenista de Villagrán, Guanajuato, Cinthia Teniente Mendoza, que fue oficial judicial en un juzgado local durante cuatro años; su asesor jurídico, Edmundo Aguayo Arredondo, y Jorge Medina Sarabia, un abogado de Sinaloa que fue coordinador territorial de la campaña del Gobernador Rubén Rocha, también de Morena, y propone una "depuración" del PJF para "eliminar al 100 por ciento el nepotismo".
Hay 65 candidatos a los que se puede caracterizar como funcionarios o ex funcionarios federales, y otros 96 estatales, pero muchos son empleados de carrera que ha servido a gobiernos de distintos partidos, o trabajaron en órganos autónomos o ajenos al Poder Ejecutivo, y es difícil etiquetarlos abiertamente como afines a la 4T o la Oposición.
Lo que la mayoría tiene en común es que ocupa puestos relativamente menores: direcciones de área o jefaturas de departamento, para quienes llegar a un cargo que paga más de 2 millones de pesos libres anuales sería un salto exponencial.
Otro grupo relevante es el de abogados independientes. Hay 173 candidatos que actualmente trabajan por su cuenta, entre ellos 5 notarios públicos.
El rasgo común es que la gran mayoría tienen sus propios despachos, o son socios en bufetes de ciudades del interior de la República, pero no provienen de la élite de firmas de la CDMX, Guadalajara y Monterrey que acaparan los asuntos de mayor impacto.
Otra característica es que muchos fueron funcionarios: del SAT, la Prodecon, de órganos internos de control, de institutos locales de transparencia, de direcciones jurídicas estatales y municipales, de alguna fiscalía, y del propio PJF o tribunales locales.
Para este grupo, que rara vez lleva asuntos a la Corte, la aspiración por una magistratura parece natural, pues los tribunales colegiados siempre han sido la cumbre del sistema judicial con el que tratan cotidianamente.
Si la elección terminó siendo atractiva para el personal del PJF, no lo fue para quienes laboran en el resto de los órganos jurisdiccionales del País.
El 11.7 por ciento de los candidatos, 193 personas, vienen de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), tanto de la CDMX como de los estados, cuyo trabajo siempre ha estado sujeto a revisión de los Magistrados federales por medio del amparo directo.
La cifra es baja. Sólo 14 de alrededor de 660 Magistrados de los TSJ, y 98 de 4 mil 440 jueces de primera instancia aparecen en la lista de candidatos, en ambos casos poco más de 2 por ciento del total.
Lo mismo ocurre en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el órgano federal más importante no perteneciente al PJF, del que sólo son candidatos 10 Magistrados de Sala Regional, sobre un total de 181.
Los dos personajes de más alto perfil de este sector, que se enfilaban como contendientes para Ministros de la Corte, a fin de cuentas no son candidatos: Guillermo Valls, Presidente del TFJA, y Rafael Guerra, Presidente del TSJ de la CDMX.
Pero, nuevamente, los candados mínimos para ganar el cargo hacen que compitan, en igualdad de circunstancias contra trayectorias de mucho más peso, decenas de secretarios, e incluso puestos menores o administrativos, de las salas de los TSJ, juzgados locales, salas regionales del TFJA, y tribunales contenciosos y laborales, perfiles que los Comités de Evaluación calificaron como "idóneos".
REFORMA publicó dos casos de candidatos de idoneidad en duda: en Coahuila, Edgar Ruiz Castillo, ex auxiliar en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), está sujeto a proceso penal por un fraude de 29.7 millones de pesos; y Alvaro Carrillo, aspirante en Tlaxcala, quien fue suspendido un año por el CJF cuando era juez en 2007 y, posteriormente, no fue ratificado en el puesto, precisamente por no cumplir los requisitos legales.
Las 'propuestas' y los rencores
Uno de los absurdos de la elección judicial es la idea de que los candidatos pueden hacer ofertas o promesas a los votantes. Los juzgadores, por definición, no crean políticas públicas, no aprueban leyes ni controlan presupuesto, sino que son parte de un Poder pasivo, que está a la espera de recibir controversias para resolverlas.
Aún así, en los últimos años, el PJF se ha distinguido por su activismo, encabezado por una Corte que, en ocasiones, abiertamente legisla, o se brinca sin miramientos las reglas procesales para "hacer justicia", según la consideran las Ministras y Ministros.
Esto parece haber inspirado las propuestas que los mil 638 candidatos tuvieron que enviar al INE, y que, en su inmensa mayoría, parecen generadas por un chat de inteligencia artificial.
Todos ven la elección como una oportunidad para "renovar" al PJF; ofrecen acabar con la corrupción y el nepotismo; o acercarse al pueblo, salir a las calles y tener un tribunal de puertas abierta: o redactar sentencias claras y sencillas; o resolver el fondo del asunto sin formalismos (evitar los "amparos aspirina", como les llama una candidata); o dictar sentencia en la mitad del tiempo actual; o llevar los juicios totalmente en línea y usar inteligencia artificial; o ser más humanos, sensibles, amables, no aplicar nada más la ley, sino ver a las personas detrás del expediente.
Pero casi nada de esto depende de los Magistrados, sino que requiere reformas legales o acuerdos del nuevo Órgano de Administración Judicial, o, por lo menos, la colaboración de los otros dos integrantes del tribunal colegiado.
Muchos candidatos, sobre todos los de carrera del PJF, recitan al unísono el catecismo interseccional que se volvió la ideología oficial de los jueces mexicanos en la última década.
Uno que otro, hace propuestas concretas, como esta:
"Te defenderé de los abusos bancarios. Basta de letras chicas en tus créditos, comisiones excesivas, falta de transparencia y subidas de tasas de interés excesivas. Tú cuentas conmigo para defenderte de estos abusos", dice Miriam García González, candidata a Magistrada civil en la CDMX, quien también ofrece proteger a exparejas y forzar el pago de pensiones alimenticias.
Pero en el PJF también hay rencores acumulados, sobre todo por el nepotismo en la asignación de puestos de entrada en tribunales, que el CJF tardó demasiado tiempo en combatir, y que era bien conocido por Morena.
"En carne propia he sufrido el nepotismo, desde mis inicios como servidor público de carrera judicial, se otorgó un nombramiento al sobrino de un Magistrado, que recién se había incorporado al juzgado, cuando yo tenía muchos más méritos para recibir el nombramiento", dice Juan Héctor Valenzuela, secretario que compite en Nuevo León y lleva 17 años en el PJF.
"En una especie de pacto de caballeros, los actos de corrupción y nepotismo siempre han sido ocultados", acusa Luis Nava Cabrera, otro veterano de la institución.
Los Magistrados de Circuito son importantes, pero poca gente los conoce. Hay quien considera que los jueces de Distrito, de menor jerarquía, tienen más poder real, porque de manera unilateral pueden conceder suspensiones y encarcelar o liberar acusados. Y la elección no cambiará una realidad: que, para controlar al PJF, lo único que se necesita es controlar sus órganos cúpula.
Los nuevos Magistrados electos, los que logren mantener su puesto, y los que seguirán porque no salieron sorteados en la tómbola, estarán sujetos al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que removerá a jueces por dictar sentencias que podrá calificar como "claramente incorrectas" por múltiples razones, un concepto que no existía, pues el CJF solo podía sancionar por "notoria ineptitud o descuido".
En la Corte, ya sólo habrá nueve Ministros, no 11, y sólo sesionará en Pleno, no en Salas.
La 4T ya tiene a tres Ministras incondicionales que seguramente repetirán en el cargo. Un Ministro más le bastará para que sea imposible anular sus leyes, y con dos, tendrá garantizada la mayoría y, por tanto, la intervención de la Corte en cualquier caso relevante que sea de su interés, así como una sentencia favorable al final del camino. Todo apunta a que esta será, a fin de cuentas, la verdadera "renovación" del Poder Judicial.
