La Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, se pronunció por homologar los impuestos "verdes" que cobran diversas entidades para aprovechar mejor las oportunidades del mercado internacional de bonos de carbono.
Al inaugurar el Primer Encuentro Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, en el Bioparque San Antonio de la Ciudad de México, consideró que debe fijarse una tarifa única para el cobro del gravamen por emisiones de gases de efectos invernadero.
"Cada Estado ha definido un precio del cargo diferente, un impuesto, y eso no nos está ayudando mucho. Tenemos 16 estados con impuestos de este tipo, que van desde 3 dólares la tonelada hasta 37", señaló.
"Si queremos entrar seriamente al comercio de emisiones de carbono, vamos a tener que intentar una homologación más clara para poder jugar en el mercado internacional, porque si no va a ser muy complejo y no queremos que nadie pierda y que todos ganen".
El cobro del impuesto sobre emisiones a la atmósfera se realiza en los estados con base en tarifas sobre la estimación del volumen equivalente de dióxido de carbono.
En entrevista reciente, Gabriela Alarcón, gerente de Política Climática Subnacional de Iniciativa Climática de México (ICM), explicó que el cobro de "impuestos al carbono" por parte de los estados es relativamente reciente y muy dispar.
"El primer Estado que lo implementó fue Zacatecas, en 2017, y estuvo rodeado de impugnaciones y judicialización. Al final, los jueces le dieron la razón al Gobierno de Zacatecas, diciendo que no había doble cobro, porque el argumento era que si la federación ya les cobraba y si el estado tenía derecho o no de establecer este tipo de impuestos. Se tardó un año o por ahí todo este proceso, pero al final sí se empezó a implementar en 2017.
"Luego está Querétaro, que es un caso muy interesante, porque hoy en día es el Estado que más recauda por este impuesto. En 2024 recaudó alrededor de 282 millones de pesos. Y es el que tiene también la base o el precio por tonelada de dióxido de carbono equivalente más alto del País. Para 2025 está en 633 pesos por tonelada de dióxido de carbono emitido, y esto ha ido en aumento desde que se empezó a implementar, en 2022".
Las entidades que le siguen, apuntó, son Ciudad de México, que lo implementó este año, y Estado de México. Ambos tienen un precio por tonelada de 58 pesos para este año.
Por otro lado, Bárcena señaló que uno de los temas prioritarios en la relación entre autoridades ambientales federales y estatales es el el relacionado con el cumplimiento de la normatividad con base en las atribuciones de cada una.
"Ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo, porque si no confundimos. Por ejemplo, hay atribuciones de orden federal donde a veces la autoridad estatal, obviamente actúa, quizás por impaciencia, lo que sea, pero entonces ahí perdemos fuerza, porque entonces no estamos actuando juntos, sino que cada uno por separado", comentó.
"Y yo creo que lo que estamos buscando es resolver los problemas. Por supuesto que si no cumplen, tenemos que actuar como debe ser. Y ahí la Profepa tiene una función muy importante".
