San Luis Potosí, SLP.- En un país donde la educación debería ser un refugio seguro para la niñez, la historia de un menor de tan solo siete años en el Instituto Hispano-Inglés pone en tela de juicio no solo la eficacia de los protocolos escolares contra el acoso, sino también la voluntad de las instituciones para proteger a quienes más lo necesitan.
En febrero de 2025, una denuncia formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reveló un caso alarmante, un alumno fue agredido con unas tijeras en el cuello por otro estudiante, en un acto de violencia que, para los padres del menor afectado, fue el desenlace de meses de acoso escolar. Desde septiembre de 2024, los padres habían reportado reiteradamente las agresiones ante las autoridades del colegio,-la directora de primaria, la directora general y la coordinadora de los colegios CCVI-. Las quejas fueron recibidas, pero no atendidas con la seriedad que el caso ameritaba.
La respuesta del Instituto ante la denuncia ante la CEDH fue, evasiva y falsa.
"Negaron la existencia de acoso previo y aseguraron no haber recibido reportes antes del ataque físico, lo cual, afirma la madre, es completamente contrario a la realidad documentada por mi y mi familia durante meses" expresa la madre del menor.
Actualmente, el niño víctima de esta agresión se encuentra en tratamiento psicológico. Pero el daño emocional, la angustia y la sensación de inseguridad permanecen latentes. Y lo más alarmante, ninguna autoridad educativa, ni del propio colegio ni de instancias superiores como la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) o la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha dado una respuesta concreta o asumido responsabilidad alguna.
“No les deseo esta herida a ningún padre”, expresó la madre, visiblemente afectada. “Uno deja a sus hijos en la escuela con la esperanza de que estén seguros. Pero ¿qué pasa cuando ese espacio se convierte en un lugar de miedo, y las instituciones se convierten en cómplices del silencio?”
Además del caso de su hijo, en el mismo mes se hicieron públicas más de 30 denuncias por acoso escolar y bullying dentro del Instituto Hispano-Inglés, abarcando todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. La reacción del colegio ha sido, según denuncias en redes sociales, borrar comentarios, bloquear usuarios y silenciar voces que exigen justicia y transparencia.
El silencio institucional duele tanto como la agresión misma. La falta de protocolos efectivos y el desprecio por las denuncias de los padres revelan una peligrosa normalización de la violencia en las aulas. La educación no puede ni debe estar basada en el encubrimiento, en la negación ni en la indiferencia.
Este caso es más que una denuncia aislada. Es un llamado urgente a revisar el papel de las instituciones educativas y las autoridades gubernamentales. Porque cada omisión, cada mentira y cada silencio perpetúa una cultura de impunidad donde los niños terminan siendo las víctimas más indefensas.
La sociedad tiene el deber de exigir justicia, no solo para este niño, sino para todos los que han sido silenciados. El acoso escolar no es un problema menor. Es una herida profunda que puede marcar la vida entera de un ser humano. Y si las escuelas —esas que llamamos “segunda casa”— no son capaces de protegerlos, ¿entonces quién lo hará?
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