El ex presidente del INE Lorenzo Córdova aseguró que la elección del Poder Judicial que se realizará el 1 de junio constituye un ejercicio inédito cuyas características son la falta de transparencia, organización y equidad del voto.
En la conferencia "Transparencia y opacidad en la elección judicial", que se llevó a cabo este martes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, moderada por Jacqueline Peschard, ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); participaron, además, Azul Aguiar Aguilar, doctora de investigación en Ciencia Política, y Javier Martín Reyes, Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Durante este encuentro, Córdova cuestionó la legitimidad de los candidatos, dadas las condiciones en las que se determinó su idoneidad, las recientes impugnaciones de candidaturas por presuntos nexos con el crimen organizado así como la eliminación de los conteos rápidos y el proceso que seguirá el INE para dar a conocer los resultados.
"La legitimidad de quienes resultan electos depende, en una buena medida, de la transparencia, y puede haber sin información clara, cierta y accesible, no hay credibilidad en torno a las elecciones, y sin controles y vigilancia no basta la transparencia".
El ex consejero reprochó que, en estas elecciones, al no haber representaciones partidistas, no se puedan impugnar los resultados, lo que podría generar una gran falta de transparencia.
"Esta es la primera vez en la que las elecciones y el trabajo del INE se va a realizar sin ninguna vigilancia, sin nadie que pueda impugnar sus decisiones, con conocimiento y con pruebas. Si bien, habrá observadores, los observadores tienen prohibido presentar impugnaciones porque su rol es precisamente el de generar un contexto de neutralidad y no a través de las impugnaciones incidir en un sentido o defendiendo intereses".
Además, aseguró que para la elección de 2024 se presentaron 34 mil 881 solicitudes de personas que buscaban ser observadores electorales, de las cuales, prosperaron entre 25 y 26 mil. Sin embargo, para estos comicios, se presentaron más de 316 mil solicitudes ciudadanas.
En entrevista, Lorenzo Córdova dijo que es posible que el Gobierno busque responsabilizar al INE de cualquier error en el proceso.
"Hay una especie de responsabilización pública al INE, porque ahora resulta que hay candidatos que tienen algún nexo, digámoslo así, con organizaciones criminales en fin. Yo creo que eso es un anticipo de lo que va a venir, de lo que va a ocurrir, yo creo que esta elección, el Gobierno, (...) el oficialismo la va a querer vender como el pretexto de que el sistema electoral no funcione y, por lo tanto, es indispensable proceder con una reforma electoral que no se ha cancelado".
Por su parte, Aguiar Aguilar destacó que esta elección rompe con uno de los principios básicos de la democracia, pues cada voto, dependiendo de la zona en la que se encuentre el elector, podrá tener mayor o menor peso, según el cargo a elegir, siendo la Ciudad de México una de las entidades donde valdrá más cada sufragio.
"Más de la mitad de las personas juzgadoras van a ser votadas solo por ocho personas electoras, es decir, que viven en ocho entidades".
Asimismo, mencionó que hay comunidades en las que, dadas las condiciones de inseguridad, solamente se podrán realizar campañas en redes sociales, lo que representa un acto de inequidad y discriminación para quienes no tienen acceso a internet.
En su participación, Javier Martín Reyes consideró que, si bien, esta elección es un desastre, "lo peor está por venir".
Señaló que también se debe voltear a ver a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que en múltiples ocasiones responde a los intereses del oficialismo.
"Si nos hacemos la pregunta de cómo va a funcionar el sistema de justicia después de la reforma judicial, nuestra mejor aproximación empírica es voltear a ver lo que está haciendo la Sala Superior, ese es el tipo de tribunales que está buscando la reforma judicial.
"Al único órgano al que no sólo no se le destituye, no solo se le respeta su periodo, sino que se le amplía el mandato, es a la Sala Superior, entonces vean cómo esta es una reforma que castiga, pero que también premia".
