A horas de que resuelva si frena por tiempo indefinido la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, la Fiscalía General de la República (FGR) se adelantó a informar que denunciará penalmente a la juez federal Jovita Vargas Alarcón por su "escandalosa protección" al ex Gobernador perredista de Michoacán.
En un comunicado, la FGR acusó a la juzgadora de dilatar la comparecencia del ex Mandatario estatal ante la justicia, pero le atribuye erróneamente una actuación que en realidad corresponde a la juez de control Patricia Sánchez Nava, a la cual no denuncia.
Vargas Alarcón, Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, programó para este miércoles la audiencia incidental en la que va a determinar si concede o no a Aureoles la suspensión definitiva contra la captura. De otorgarla, el imputado no podrá ser detenido indefinidamente.
La jueza aún no da a conocer su veredicto, pero es previsible que lo haga esta tarde y lo notifique a más tardar la mañana del jueves.
En tanto eso sucede, la FGR difundió esta tarde un comunicado en el que la acusa de una "escandalosa protección" al ex Gobernador.
El inusual reproche de la Fiscalía es que Vargas citó a Aureoles a una comparecencia para el 9 de mayo en su juzgado y el imputado no sólo no se presentó, sino que la juzgadora no "ratificó" la vigencia de la orden de aprehensión.
Según la FGR, la juez tuvo por comparecido a Aureoles a través de un escrito no ratificado y, a pesar de ello, le dio una nueva audiencia, "evidentemente parcial y dilatoria", para dentro de tres meses, violando el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que señala que la misma debe celebrarse en un lapso de 15 días posteriores.
"Independientemente de que no existe justificación legal frente a la no comparecencia de este individuo, a quien se le debió de ratificar la orden de aprehensión vigente, que las autoridades judiciales han suspendido ilegalmente, brindándole una protección que es notoriamente parcial e injusta", dice el comunicado.
"En razón de lo anterior, se presentará de inmediato la denuncia penal correspondiente contra la jueza, independientemente de la queja procesal que se iniciará a la brevedad".
Según la lista de acuerdos de su juzgado, no existe ningún citatorio de la juez Vargas para que Aureoles compareciera el 9 de mayo.
De hecho, a la que sí estaba emplazado era a la audiencia incidental de este miércoles 14 de mayo, sin embargo, en este tipo de diligencias ni el imputado ni sus abogados tienen la obligación legal de comparecer personalmente.
El texto oficial también dice que la juzgadora violó el artículo 310 del Código procesal, por citar al ex Gobernador a comparecer hasta dentro de tres meses; sin embargo, Vargas Alarcón tampoco ha citado a Aureoles para agosto próximo.
Quien sí lo hizo y la FGR no mencionó, es la juez de control Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, quien emitió un citatorio para que el michoacano acuda el próximo 20 de agosto a la audiencia de imputación.
El pasado 27 de febrero pasado, la juez Sánchez Nava ordenó la aprehensión del ex Gobernador y siete de sus colaboradores por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
A Aureoles le imputan participar de 2016 a 2017 en la presunta contratación ilegal del desarrollo, arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de seguridad pública por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.
Las estaciones de la Policía se desarrollaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, y los contratos fueron adjudicados en forma directa a la empresa Inmobiliaria DyF.
