San Luis Potosí, SLP.- En la sombra de una crisis hídrica que amenaza con agudizarse, una red informal y silenciosa de tráfico de agua se expande por la Zona Metropolitana de San Luis Potosí. Pozos sin registro, conexiones clandestinas y mercados paralelos alimentan un fenómeno que, un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), afirma que ha dejado de ser una práctica aislada para convertirse en un sistema ilegal con múltiples rostros y protagonistas.
En el corazón de la zona industrial potosina, detrás de naves modernas y parques tecnológicos, operan pozos profundos cuya existencia no figura en los registros oficiales. Algunas empresas, muchas de ellas con elevado consumo de agua, extraen el recurso sin pagar un solo peso por él. Se aprovechan —asi lo da a conocer la Agenda Hídrica elaborada por la UASLP— de vacíos legales y de una supervisión institucional prácticamente nula.
"Es una especie de economía sumergida del agua", advierte uno de los investigadores del informe. "Las empresas no solo están evadiendo el pago, están agotando acuíferos sin ningún tipo de regulación".
Más allá del núcleo industrial, en municipios conurbados como Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Mexquitic de Carmona, el tráfico adquiere otra forma, pipas cargadas desde fuentes irregulares surten a colonias enteras sin acceso confiable al agua. A esto se suman conexiones ilegales a la red pública, que provocan fugas, caídas de presión y cortes constantes en zonas vulnerables.
En zonas rurales como Villa de Reyes y Zaragoza, la práctica se vuelve más discreta pero igual de preocupante. Pozos comunitarios, originalmente destinados a la agricultura, son explotados para llenar pipas o comercializar agua directamente, desviándola de su fin original. Muchas veces, estas extracciones ocurren sin ningún tipo de control por parte de las autoridades, lo que erosiona aún más la ya frágil disponibilidad del recurso.
Ni el centro de la capital se escapa. En algunos barrios de San Luis Potosí, se han detectado manipulaciones de medidores, tomas irregulares y domicilios sin contrato formal con el organismo operador del agua. Esto no solo representa una pérdida económica significativa, sino que promueve el consumo irresponsable en una ciudad que ya enfrenta restricciones y recortes.
El estudio concluye que este tráfico ilegal de agua se alimenta de una tormenta perfecta, falta de vigilancia, ausencia de sanciones y corrupción en el otorgamiento de concesiones. El resultado es una red operando a plena vista, desangrando acuíferos que tardarán décadas en recuperarse.
Mientras las autoridades mantienen el foco en políticas públicas a largo plazo, la realidad impone otra urgencia, poner freno a un tráfico invisible que está robando el futuro hídrico de San Luis Potosí, litro a litro.
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