México ha logrado una disminución significativa en los embarazos adolescentes durante la última década. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 se registraron 101 mil 147 nacimientos de madres entre 10 y 17 años, lo que representa una reducción del 47.3% en comparación con los 192 mil 070 casos reportados en 2013.
Esta tendencia también se refleja en la proporción de nacimientos: hace diez años, 7.75 de cada 100 nacimientos correspondían a madres adolescentes; en 2023, esta cifra disminuyó a 5.55 por ciento.
Expertos atribuyen esta reducción a varios factores, incluyendo un mayor acceso a información sobre salud sexual y reproductiva, la influencia de las redes sociales, y una creciente conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos.
Además, la participación en movimientos feministas ha empoderado a las jóvenes para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad.
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) ha desempeñado un papel crucial en esta tendencia. Entre 2015 y 2023, la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) se redujo en un 22.9% para el grupo de 10 a 14 años y en un 30% para el grupo de 15 a 19 años.
A pesar de estos avances, persisten desafíos importantes. El Estado de México encabezó en 2023 el número de nacimientos de madres adolescentes, con 11 mil 742 casos, seguido por Chiapas (10 mil 048), Puebla (6 mil 705), Veracruz (6 mil 613) y Jalisco (6 mil 525).
Factores como la pobreza, el rezago educativo y la violencia sexual, especialmente en comunidades rurales e indígenas, continúan siendo obstáculos significativos. Además, el impacto económico de los embarazos adolescentes es considerable, estimado en 76 mil 340 millones de pesos anuales, lo que representa el 0.32% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La reducción de los embarazos adolescentes en México es un avance notable, pero aún queda trabajo por hacer para abordar las desigualdades persistentes y garantizar que todas las jóvenes tengan acceso a educación y servicios de salud sexual y reproductiva.
Las autoridades y organizaciones sociales continúan trabajando para consolidar estos logros y enfrentar los desafíos restantes.
