San Luis Potosí, SLP.- Ante la baja irregular de 27 vehículos del Ayuntamiento de San Luis Potosí por parte de un particular, el diputado Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, así como Alberto Rojo Zavaleta, Secretario Técnico del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coincidieron que debe haber una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para deslindar responsabilidades.
"Desde la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado vamos a pedir que se aclare esta situación, si es necesario vamos a requerir a las autoridades y a los funcionarios municipales involucrados, por supuesto vamos a pedir que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se actúe y castigue de manera ejemplar para este tipo de conductas, (...) en este caso debe de quedar muy claro que en San Luis no va a haber impunidad", dijo Gámez Macías.
Galindo perdió el rumbo
Para el legislador local, el alcalde Enrique Galindo Ceballos y la Alcaldía ya perdieron el rumbo; se les ha señalado todo tipo de situaciones, inseguridad, el agua es un caos pues tienen sin agua a los habitantes de la zona metropolitana, y encima se presentan este tipo de escándalos, "creo que ya llegó al límite, el alcalde ha perdido el rumbo, la Alcaldía no tiene ya quién la dirija acertadamente, y creo que la confianza se ha perdido por parte de la ciudadanía".
Se debe de investigar estás irregularidades: PRI
Por su parte, Rojo Zavaleta indicó que este tema de las unidades arrendadas por el Ayuntamiento, y que posteriormente fueron dadas de baja, ya se encuentra siendo objeto de análisis con motivo de una carpeta de investigación que se instruyó ante la FGE, por lo que será esa instancia la que habrá de determinar los delitos que se configuran por dichas conductas, y en su caso los responsables.
"Llama la atención el asunto de las 27 unidades arrendadas por el Ayuntamiento de la Capital, y que posteriormente fueron adquiridas, pues es bien sabido que este es un esquema que generalmente se realiza para generar un bien indebido para la empresa arrendadora, y para quienes a la conclusión del arrendamiento adquieren estas unidades; habrá que identificar quiénes son los funcionarios municipales que se beneficiaron con la adquisición de estos vehículos", dijo el priísta el cual apuntó que será IFSE el que deba de profundizar en la investigación y determinar la responsabilidades a que haya lugar.
Ayuntamiento en la opacidad
Finalmente dijo que desde el PRI despreocupa la política de opacidad y de negativa transparentar las operaciones que ha venido implementando de manera oficial los funcionarios municipales, con motivo del ejercicio de los recursos públicos provenientes de los impuestos que pagan las y los ciudadanos.
"Desde el PRI reprobamos enérgicamente esta política de opacidad emprendida por la actual administración municipal, creemos que la frivolidad y la irresponsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos deben de ser objeto de sanción por parte de las autoridades competentes, es decir el IFSE y la FGE.
.gif)
