Un tribunal federal eliminó la prohibición que había sido impuesta a Ramón Sosamontes de salir del País sin orden judicial, en el proceso que tiene abierto por un contrato presuntamente ilegal de más de 353 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México echó abajo esa medida cautelar porque, en su opinión, no hay elementos para acreditar que el ex Jefe de Oficina de la Sedesol con Rosario Robles pudiera darse a la fuga.
Por unanimidad, los magistrados del tribunal concluyeron que carece de motivación jurídica la decisión del juez de control José Rivas González, quien le impuso la restricción basado en los argumentos presentados por la Fiscalía General de la República.
"En ese contexto, la autoridad judicial no contaba con los elementos mínimos necesarios para imponer una medida cautelar; no obstante, sin más motivación que el señalamiento de que es una facultad potestativa, que ha erogado el legislador permanente a los juzgadores", dice el fallo.
"(El juez) consideró razonable decretar contra el imputado únicamente la medida cautelar consistente en la prohibición de salir sin autorización del país, propuesta por la representación social (FGR), pero sin mencionar porqué lo consideraba así, menos aún señaló qué hechos o circunstancias revelaban riesgo de que el imputado se sustrajera al proceso y en esas circunstancias, no es factible tampoco analizar la proporcionalidad de la medida cautelar impuesta".
El 13 de octubre de 2023, Rivas González, en ese entonces juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, vinculó a proceso al ex colaborador de Robles por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La FGR le atribuye en dicha causa judicial haber suscrito en forma indebida un convenio de la Sedesol con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), por un monto de 353 millones 652 mil 249.40 pesos, el 17 de marzo de 2014.
RTH, según las cláusulas, debía prestar a la Secretaría el servicio de levantamiento de materiales de audio, video y fotografía, para elaborar historias de los derechohabientes beneficiados por la "Cruzada Nacional contra el Hambre".
Una de las supuestas ilegalidades señaladas por la FGR es que RTH no contaba con las capacidades para brindar los servicios y tuvo que subcontratarlos en un porcentaje superior al 49 por ciento del valor del convenio, tope máximo que establece la Ley de Adquisiciones.
Lo anterior, porque de los más de 353.6 millones del convenio, RTH subcontrató 348 millones con 30 personas morales y 2 físicas, lo que constituye el 94.5 por ciento del total.
Otra de las anomalía fue que el ex funcionario presuntamente incumplió con su obligación de publicar en Compranet y la página de internet de la Sedesol la convocatoria para que los proveedores compitieran por el contrato.
Sosamontes tiene en curso otro proceso relacionado con la firma aparentemente ilegal de un convenio de la Sedesol con RTH por 203.7 millones de pesos, el 20 de enero de 2015.
