Se detectan irregularidades en arrendamientos millonarios en el municipio

Una investigación de la organización Ciudadanos Observando reveló que al menos 27 vehículos del Ayuntamiento de San Luis Potosí fueron dados de baja de forma ilegal en una oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas, sin la intervención directa del personal municipal y sin seguir los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Antecedentes

Ciudadanos Observando reveló las diversas irregularidades relacionadas con el arrendamiento de 42 unidades a la cuestionada empresa Casanova Vallejo (que incluso fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública por facturar a sobreprecios) y de forma muy concreta, con una camioneta con placas TL486H.

El caso se originó a partir de una denuncia inicial relacionada con esa camioneta en particular, y que estuvo involucrada en un accidente en febrero pasado. Durante la revisión posterior al incidente, se descubrió que la unidad circulaba con irregularidades y estaba relacionada con hechos delictivos.

La camioneta mencionada circulaba con placas sobrepuestas y estuvo involucrada en diversos movimientos administrativos que muestran inconsistencias graves en la documentación. Para su alta vehicular, el 15 de noviembre de 2022, se utilizó un INE con domicilio en Ciudad de México a nombre de Pedro Víctor Trejo García, dirección idéntica que aparece en el comprobante de domicilio de la CFE pero ahora en la ciudad de San Luis Potosí con la misma calle y número. Se presume comprobante apócrifo y un delito.

No fue solo una camioneta

Al solicitar información adicional al Ayuntamiento, Ciudadanos Observando recibió el oficio SIN/252/2025 con fecha del 20 de marzo, en el que se confirmó que 27 unidades fueron dadas de baja de forma ilegal, en la oficina recaudadora ubicada en Avenida Muñoz No. 650, interior D-15. La administración municipal señaló que una persona ajena al ayuntamiento realizó el trámite sin autorización oficial.

El 19 de marzo, el síndico del Ayuntamiento interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que abrió una carpeta de investigación.

La Secretaría de Finanzas, a través del oficio SF/DGI/DRPF/2417/2025, informó que al revisar los expedientes en la misma recaudadora, se comprobó que el proceso no se ajustó a los lineamientos legales, por lo que dio vista al Órgano Interno de Control y se inició una investigación administrativa. Los 27 expedientes fueron también entregados a la Fiscalía.

¿Encubrimiento?

Ciudadanos Observando cuestionó públicamente las omisiones del Ayuntamiento, así como el posible encubrimiento de estas irregularidades.

Se informó que las 27 unidades, arrendadas por el ayuntamiento durante dos años, fueron adquiridas recientemente por la administración municipal, lo que ha generado sospechas sobre un posible intento de transferir ilegalmente su propiedad. Las unidades circulaban con placas que habían sido dadas de baja desde el año pasado.

Ayuntamiento no da respuesta clara

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, mediante un comunicado de prensa, aseguró que todas las unidades fueron dadas de alta en noviembre del 2024 y puestas a nombre del Ayuntamiento, sin embargo, dicen ignorar quién realizó el trámite de baja del 6 de diciembre de 2024 relacionado con la camioneta, en la oficina de Avenida Muñoz que es exclusiva para el transporte público. Simplemente es algo muy grave decir que no saben quién realiza trámites de esta magnitud y es claro que no cuadran los datos.

Alcalde desestima información

Respecto a las declaraciones hechas por el alcalde Enrique Galindo, J. Guadalupe González Covarrubias, dirigente y vocero de Ciudadanos Observando, agradece la confianza y respeto que dice tener hacia la organización, "pero desestimamos el que haya intentado minimizar y cuestionar que se diera a conocer públicamente la investigación que consideramos es importante, así como los actos detallados que no deben quedar impunes".

En cuanto a su propuesta de "apertura al diálogo y puertas abiertas", la organización lamenta que esto no se haya traducido en acciones concretas y haya sido solo simulada. Se han presentado propuestas claras y necesarias, como una estrategia real contra la corrupción, que fue rechazada por la contralora Gabriela López.

Asimismo, diversos servidores públicos, en especial el tesorero municipal, han negado reiteradamente la entrega de documentos solicitados vía transparencia, obligándolos a interponer quejas ante la CEGAIP, la cual ha fallado en nuestro favor y ha obligado al ayuntamiento a proporcionar la información.

Ciudadanos Observando señaló que la investigación continúa por parte de las autoridades estatales, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Secretaría de Finanzas.