Tras el desafuero del Alcalde Vargas Landeros por presunta corrupción en la compra de patrullas, el nuevo Edil de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, cesó a Julio César Romanillo Montoya del cargo de titular de la Seguridad Pública Municipal (SSP) municipal.
Ésta es la primera baja dentro de la administración del recién nombrado Presidente Municipal sustituto, quien indicó que la siguiente semana se anunciarán más cambios de funcionarios.
El ahora exsecretario de Seguridad, junto con Vargas Landeros y otros 11 funcionarios y exfuncionarios del municipio de Ahome, enfrentan acusaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas violaciones a la Ley de Adquisiciones.
La investigación se centra en el arrendamiento de 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos, contrato que se habría realizado sin la licitación pública requerida.
Menéndez de Llano, ex diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien tomó protesta tras el desafuero de Vargas Landeros, había anunciado una reestructuración de la administración municipal, priorizando la experiencia y la rectitud.
En sus primeras acciones, este sábado confirmó la salida de Romanillo Montoya e informó la designación de Carlos Rodríguez Ponce, quien se desempeñaba como director de la corporación, como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública.
Durante una conferencia de prensa, tras realizar un recorrido por las instalaciones de la SSP local, Menéndez de Llano señaló que la renuncia de Romanillo Montoya fue solicitada por él mismo y le fue entregada personalmente.
El actual Alcalde emanado del PVEM destacó el perfil del encargado de la SSP de Ahome, al asegurar que es un comandante conocido dentro de la corporación,
"Se desempeñaba como el operativo de esta administración y cuerpo de fuerza, es una persona que todos los elementos conocen y vamos a trabajar con él temporalmente y sobre el secretario de seguridad lo vamos a decidir en los próximos días", apuntó sobre la corporación que cuenta con cerca de mil elementos.
La investigación contra los funcionarios surgió a raíz de una revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las cuentas públicas del municipio correspondientes al año 2021. En ésta, fueron detectadas irregularidades en el proceso de arrendamiento de las patrullas.
Ante las observaciones, la administración municipal justificó la contratación directa argumentando una supuesta emergencia derivada de la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, esta justificación no impidió que la FGE iniciara un juicio de procedencia contra el entonces alcalde Vargas Landeros, Romanillo Montoya y otros funcionarios, lo que finalmente culminó con el desafuero del Edil y del exsecretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro (diputado local por Morena) por parte del Congreso del Estado el pasado 2 de mayo.
Mientras tanto, la investigación de la FGE sobre el arrendamiento irregular de patrullas continúa su curso, buscando esclarecer las responsabilidades y determinar si existieron actos de corrupción que ameriten sanciones penales contra los funcionarios involucrados.
