El Congreso de Sinaloa concretó el desafuero de Gerardo Vargas Landeros, Alcalde con licencia de Ahome, y del diputado local Genaro García Castro, ambos investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos actos de corrupción en la contratación irregular de patrullas.
En una sesión que duró más de seis horas, la votación de los legisladores fue unánime sobre retirar la protección del fuero a ambos políticos morenistas.
La indagatoria de la FGE se originó por una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) referente al arrendamiento de 126 vehículos policiales en 2021. Este contrato, que superó los 171 millones de pesos, se realizó mediante adjudicación directa, contraviniendo la normativa que exige licitación pública para este tipo de montos.
Las auditorías de la ASE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron inconsistencias en el contrato incluso un perjuicio económico de 14.5 millones de pesos al no haberse prestado el servicio completo durante el ejercicio fiscal de 2024.
Pese a la notificación, la sesión del Congreso transcurrió sin la presencia de Vargas Landeros y García Castro (quien fungía como Secretario del Municipio) para ejercer su derecho de defensa.
A unas horas de que iniciara el juicio de procedencia en el Legislativo local para retirarle el fuero, al Edil que consiguió un segundo periodo frente a ese Ayuntamiento abanderado por Morena, el Cabildo de dicho municipio le concedió una licencia por 90 días.
En un video, Vargas Landeros manifestó su rechazo al proceso, calificándolo de persecución política.
Tras la votación que les retiró el fuero, el Congreso de Sinaloa procedió a designar este viernes a Antonio Menéndez De Llano Bermúdez como el nuevo Alcalde sustituto de Ahome.
Menéndez De Llano, actual diputado local del Partido Verde y exregidor del municipio, ocupará el cargo hasta octubre de 2027, reemplazando a la Alcaldesa provisional Rosa Margarita Velázquez Valdez.
La investigación de la FGE busca esclarecer las responsabilidades en la adjudicación del contrato a la empresa Grinleasing SAPI de CV, donde también figuran otros exfuncionarios y miembros del comité de adquisiciones del municipio.
La Fiscalía deberá ahora judicializar el caso y presentar las pruebas recabadas ante un juez para determinar la situación legal de los implicados.
