Miércoles 30 de Abril de 2025 | Aguascalientes.
La reforma pretendida por el Gobierno a la Ley Federal en Telecomunicaciones y Radiodifusión carece de contrapesos y, por el contrario, concentra políticas públicas y de regulación que podrían violar derechos como la libertad de expresión, alertaron analistas.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), criticó que la iniciativa concentra todas las funciones técnicas, de política pública y regulatorias en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, sin contrapesos ni deliberación colegiada.
"La Agencia se reserva el poder de bloquear plataformas digitales por simple lineamiento administrativo, sin necesidad de ley ni justificación constitucional.
"Tendrá la facultad para emitir lineamientos que permitan bloquear plataformas de internet, vulnerando derechos fundamentales como libertad de expresión, acceso a la educación, salud, movilidad, cultura", expuso en entrevista reciente.
La iniciativa no fue votada este lunes, como se tenía previsto, ante la presión de especialistas y organizaciones. Se discutirá en conversatorios a partir del miércoles.
Víctor Ruiz, fundador de la empresa de ciberseguridad SILIKN, coincidió en que uno de los aspectos más controvertidos de la iniciativa es el artículo 109, que faculta a la Agencia de Transformación Digital para ordenar el bloqueo temporal de plataformas digitales que, a su criterio, infrinjan disposiciones legales, como la difusión de propaganda extranjera o desinformación.
"Esta facultad podría ejercerse mediante decisión administrativa, sin requerir una orden judicial.
"La medida ha generado fuertes críticas por su posible impacto en la libertad de expresión y por el riesgo de uso arbitrario que podría abrir la puerta a censura digital", comentó el experto en entrevista aparte.
Para SILIKN, el artículo 109 podría agravar los riesgos cibernéticos en un entorno que ya enfrenta importantes desafíos en esta materia.
"Si bien la propuesta de ley no establece explícitamente medidas que promuevan ciberataques o actividades ilícitas, ciertas disposiciones podrían incrementar indirectamente la vulnerabilidad del País frente a amenazas digitales", comentó Ruiz.
El presidente de la Amedi agregó que otra propuesta que llama la atención es el otorgamiento de espectro radioeléctrico para las telecomunicaciones por parte del Ejecutivo, lo que destruye el principio de neutralidad competitiva y favorece a operadores estatales que no pagan por el espectro ni cumplen la misma regulación.
Adicional a ello, el nuevo marco legal no garantiza el derecho convergente de acceso a las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC) ni promueve inversiones, competencia o innovación.
"Los operadores estatales, en este caso la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Altán Redes, recibirán espectro gratuito y exenciones regulatorias, distorsionando la competencia frente a empresas privadas que pagan precios elevados del espectro y cumplen regulaciones asimétricas.
"La reforma a la Ley mantiene el régimen de preponderancia, obstaculizando inversiones, innovación y despliegue de redes", añadió Bravo.
