La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados avaló la expedición de la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos que crea un Expediente Digital Ciudadano, un Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios y una Autoridad de Simplificación y Digitalización a nivel nacional y en cada una de las entidades federativas y municipios.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, introduce el concepto de "soberanía tecnológica" y crea la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización que será la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Entre sus facultades están la implementación, supervisión y evaluación de los cuatro modelos nacionales encaminados a simplificar, homologar y estandarizar los trámites y servicios de los tres niveles de Gobierno.
Hace obligatoria la Llave MX como un mecanismo de autenticación e identificación de las personas en medios digitales, la cual estará ligada a la CURP y será el mecanismo para habilitar el Expediente Digital Ciudadano.
También crea un Registro Nacional de Regulaciones, el Repositorio Nacional de Tecnología Pública, un Portafolio Nacional de Proyectos Tecnológicos, así como Ventanillas Únicas Digitales.
El dictamen fue aprobado con 22 votos a favor, seis en contra de PAN y del PRI y dos abstenciones de Movimiento Ciudadano.
El priista Israel Betanzos dijo que, si bien coinciden en la necesidad de digitalizar los trámites, la mayoría pretende legislar en fast track sin escuchar a los involucrados, como funcionarios y sujetos obligados.
Betanzos afirmó que la propuesta transgrede el federalismo, al invalidar facultades de estados y municipios, y alertó que la digitalización que el Gobierno quiere imponer se construye sobre la falsa premisa de que toda la población tiene acceso a internet y dispositivos.
El legislador advirtió sobre el riesgo en el manejo de los datos personales de los ciudadanos, no sólo por la desaparición del INAI, sino porque la mayoría de los municipios no cuentan con la infraestructura y los recursos suficientes para darle cumplimento a la nueva legislación.
"La mayoría de los municipios no cuentan con la infraestructura suficiente para soportar esta ley de este tipo, lo que haría inviable esta propuesta", advirtió.
Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la ley implica riesgos, porque permite a las autoridades quitar documentos que obstaculicen algún fin sin necesidad de cambiar el reglamento, lo que generaría que éstas puedan valerse de esa posibilidad para favorecer algún interés particular.
Como ejemplo, puso el caso de Monterrey, donde quieren quitar un requisito ambiental y es un proceso de consulta ciudadana lo que permitiría que eso no ocurra.
Reyes agregó que el artículo 40 de la nueva ley permitiría también dejar de publicar regulaciones para consulta o para que participe u opone cuando se comprometan los efectos que se quieren lograr, lo que podría usarse como una justificación para la opacidad.
La emecista mencionó también que el Estado no puede ni debe ser el único proveedor del software que se va a crear para dar cumplimiento a la ley, ya que en países como Argentina, en donde se hizo algo similar, muchas de las plataformas desarrolladas quedaron obsoletas o abandonadas, porque el Estado no puedo mantener el ritmo de innovación tecnológica requerida.
El panista Héctor Saúl Téllez advirtió que la nueva ley contiene dardos envenenados, porque con ella el Gobierno federal se empeña en desaparecer la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y obligará a los estados a armonizar de nuevo su legislación.
"En 2019, 24 estados ya contaban con leyes estatales homologadas, pero para 2024 fueron las 32 entidades federativas las que habían armonizado ya su legislación. Ahora tendrán que nuevamente iniciar este proceso de homologación con este cambio con la expedición de esta nueva ley", sostuvo.
Téllez mencionó que el objetivo escondido es el control de la información desde el Gobierno, ya que se le impone a los estados y municipios la observación forzosa de los lineamientos que marca la ley, vulnerando con ello el artículo 115 Constitucional, referente a la autonomía de los municipios.
"Los municipios pues tienen facultades únicas de llevar a cabo la expedición de bandos, la expedición de reglamentos, la expedición de algunas normas propias de los municipios y no necesariamente tiene que aceptar a raja tabla lo que marca una ley Federal", lamentó.
El legislador afirmó que si bien su bancada está a favor de la digitalización, no pueden avalar que, con la nueva legislación, se esté dejando de lado principios fundamentales, como medios de control y protección de datos personales, transparencia y ciberseguridad.
La morenista Elena Segura dijo que en materia de infraestructura tecnológica, la ley establece que los municipios que no cuenten con la suficiencia presupuestal podrán celebrar convenios con la autoridad nacional para implementar soluciones tecnológicas que estén en el Repositorio Nacional de Tecnología Pública.
Sobre las críticas en materia de seguridad digital, sostuvo que la nueva legislación indica que el expediente digital ciudadano deberá contar con los estándares de seguridad, trazabilidad y mecanismos confiables de disponibilidad, integridad y confidencialidad.
