Una jueza federal resolvió que son ilegales las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para asumir el control de inmuebles en Santa Fe, con base en un acuerdo emitido por el gobierno de Porfirio Díaz en 1907.
Paloma González, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal, concedió dos amparos contra una orden de aseguramiento dictada en febrero de 2024 por la FGR, que desde 2022 empezó a citar a los dueños de varios edificios y otros inmuebles.
Ahora, la FGR pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga la revisión de estos amparos y dicte la sentencia final, para lo que presentó la solicitud respectiva la semana pasada.
La jueza resolvió que los predios fueron desincorporados del patrimonio de la Federación el 13 de diciembre de 2018, por lo que a primera vista es legal la posesión por parte de los actuales dueños, en una zona que colinda con la nueva sede de la propia FGR, conocida como Parque Nacional de la Justicia.
"Puede advertirse, hasta este momento, que el predio afecto al aseguramiento mediante acuerdo de desincorporación emitido el 30 de noviembre 2018, y publicado el 13 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, en efecto fue desincorporado de la propiedad de la Federación a favor de la parte quejosa, con independencia de que continúe la indagación ministerial respecto de la legalidad de la transmisión del inmueble", explicó.
Para un aseguramiento de este tipo, que priva de derechos a los particulares, agregó, era necesaria la orden de un juez de control, es decir, la FGR no lo podía imponer de manera unilateral.
"Esta Juzgadora estima que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación, además de que fue emitido en contravención a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que no hay razón legal para la continuación del aseguramiento en los términos decretados", se lee en los fallos.
Los amparos fueron concedidos a las empresas Inmobiliaria 4F, así como a Jestem, Servicio y Asesoría en Convenciones y Funlimited, estas últimas, inquilinas en un edificio asegurado por la FGR, y esas sentencias sólo surtirán efectos si son confirmadas en revisión.
Desde que las empresas se ampararon, en marzo de 2024, obtuvieron suspensiones para que pudieran seguir sus actividades en el inmueble en cuestión, pues los tribunales consideraron que no era evidente que se pudiera seguir aplicando el acuerdo de 1907, que designó como "reserva para uso público" una zona de 800 hectáreas en el poniente de la ciudad.
En la Corte no está garantizado que los Ministros y Ministras resolverán que el caso es de importancia jurídica extraordinaria, que es la condición para atraer recursos que ordinariamente toca resolver a los tribunales colegiados.
Además de la actuación penal de la FGR, el Gobierno también demandó por la vía civil anular los derechos de propiedad de un fideicomiso del que en 2017 formaba parte Enrique Gerardo Téllez Kuenzler, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y hermano del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez.
