San Luis Potosí, SLP.- Recientemente, se han presentado un par de casos de violencia vicaria en San Luis Potosí, siendo el más mediático el de Ian Yael Escobedo Juárez, un niño de cuatro años desaparecido hace más de tres semanas, en cuya desaparición se presume la participación de su padre. A pesar de esta situación, el Congreso del Estado acumula más de ocho meses de retraso en la aprobación de dos iniciativas para tipificar la violencia vicaria.
La violencia vicaria se define como aquella en la que se instrumentaliza a los hijos o hijas para infligir daño físico, psicológico o emocional a una mujer con quien se ha mantenido una relación afectiva o familiar. En su momento, la diputada Gabriela Martínez Lárraga e Isabella María Lastras Martínez, en calidad de ciudadana, propusieron reformas tanto al Código Penal como al Código Familiar. Estas reformas buscaban incluir la definición de violencia vicaria, su prohibición en el ámbito parental y su reconocimiento como causal para la pérdida de la patria potestad.
La Comisión de Justicia del Congreso aprobó los dictámenes de estas dos iniciativas desde el 2 de julio de 2024. Sin embargo, a pesar de la promesa inicial de que avanzaría, con el inicio de la actual Legislatura, los dictámenes ya listos fueron devueltos a comisiones bajo el argumento de una nueva revisión.
Hace pocos días, la diputada Roxanna Hernández Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una nueva iniciativa para incorporar el delito de violencia vicaria al Código Penal del Estado. Esta propuesta busca adicionar el artículo 206 Bis al Código Penal estatal, estableciendo penas de prisión de dos a ocho años, además de sanciones económicas y la posible pérdida de derechos parentales para quienes incurran en violencia vicaria. Asimismo, contempla agravantes cuando el delito se cometa a través de terceros o cuando el agresor sea hombre y la víctima, una mujer.
Es importante señalar que, con esta nueva propuesta, suman ya tres iniciativas en la materia que se encuentran en análisis y que han sido calificadas como urgentes tanto por legisladores como por organizaciones civiles. No obstante, el Congreso del Estado aún no las ha tomado en consideración para su aprobación.
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