La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció que será observadora de la elección judicial y pidió a los ciudadanos mantenerla bajo la lupa, pues buscan contribuir a mejorar el proceso y, advierte, afecta los principios de imparcialidad y profesionalismo que deben regir a todo juzgador.
Señala que los defectos del proceso actual, que hoy inicia como una elección con vacíos legales, no son fallas operativas, sino "consecuencias de una reforma que antepone lo político a lo técnico", y que en un futuro podría generar en un sistema judicial que responda a intereses electorales y se aleje del principio de justicia.
Destaca que los comicios que se llevan sin un marco legal sólido, reglas claras ni condiciones de equidad que garanticen la integridad del sistema judicial, son parte de las consecuencias que habían anticipado y ya son factibles.
Por ello, anunció que sus 71 Centros Empresariales formarán parte de los observadores de esta elección, los cuales podrán registrarse directamente ante el INE o en la Oficina Nacional de COPARMEX, e invitaron a que la ciudadanía se sume.
"Aunque no respaldamos la elección de jueces por voto popular, no seremos espectadores pasivos. Actuaremos como observadores ciudadanos para documentar, alertar y contribuir a mejorar el proceso. Esta es nuestra manera de defender la autonomía del Poder Judicial y construir un México justo, libre y democrático", menciona en un comunicado.
Los principales aspectos que buscan analizar son los perfiles de los candidatos; la imparcialidad del proceso; transparencia y desarrollo de las campañas; cumplimiento de la ley electoral; integridad de la jornada electoral y la no intervención de los partidos políticos en la contienda.
Aclara que los contendientes deben realizar campañas apegadas al marco de la ley, donde puedan difundir su experiencia, pero no hacer campaña partidista, prometer beneficios ni usar recursos públicos.
Por otro lado, puntualizaron cuatro amenazas concretas que conlleva esta elección, como el comprometer la independencia de los jueces; comprometer la calidad técnica y jurídica de las resoluciones; vulnerar el acceso equitativo a la justicia y poner en riesgo la estabilidad institucional.
Además, advirtieron que estos comicios también conllevan efectos económicos para el País relacionados a la desconfianza de inversionistas, caída de la competitividad y freno de empleos formales.
