La empresa CEMAT Construction, dedicada a la explotación y comercialización de materiales para la construcción, busca instalar una cementera en Villa Hidalgo, San Luis Potosí. El proyecto contempla la adquisición de 427 hectáreas de tierras ejidales en la comunidad de Corcovada, y ha sido promovido como una oportunidad para detonar el desarrollo económico local mediante la generación de empleo, inversión y crecimiento fiscal.
Sin embargo, la iniciativa ha generado división en la comunidad. Mientras algunos ejidatarios apoyan la venta, otros expresan preocupaciones sobre las posibles consecuencias ambientales, sociales y de salud pública. Acusan falta de consulta adecuada, hostigamiento y una estrategia que busca dividir a los habitantes. Se han registrado interrupciones en asambleas ejidales, dificultando el avance del proyecto.
CEMAT asegura que su intención no es imponer el proyecto ni realizar actividades mineras, y que está comprometida con operar de manera responsable y sustentable, apegándose a las normativas ambientales. Promete acciones concretas como el uso eficiente del agua y tratamiento de aguas residuales, la reducción de emisiones contaminantes, el manejo adecuado de residuos, protección de flora y fauna así como la reforestación en zonas cercanas.
A pesar de estas promesas, se han encontrado grupos opositores entre algunos sectores de la comunidad, incluso señalando la presencia de minerales valiosos en la zona, lo que alimenta sospechas sobre los verdaderos fines del proyecto.
Por ahora, el plan sigue detenido. Mientras CEMAT confía en que se podrá retomar mediante el diálogo y la transparencia, opositores exigen garantías reales, estudios independientes y un proceso de consulta que incluya a toda la comunidad.
El proyecto podría significar un fuerte impulso económico para Villa Hidalgo: se generaría empleo, se dinamizaría la economía local y habría mayor recaudación fiscal, que podría traducirse en mejores servicios públicos.
El futuro del proyecto dependerá de si se logra o no un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del entorno y los derechos comunitarios.
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