El cobro de derecho que aplicará México a los cruceristas que arriben a puertos mexicanos será 50 por ciento menor a la aprobada por el Congreso entre este año y 2027, de acuerdo con la Secretaría de Turismo federal.
"(Además de la prórroga) otorgada previamente para la entrada en vigor del cobro del Derecho de no Residente (DNR) hay una reducción", señala Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo, en una carta enviada a Michele Paige, directora de la a Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés).
El cobro será de 21 dólares de manera progresiva, empezando el primero de julio de este año con cinco dólares por pasajero.
A partir del primero de agosto y hasta el 31 de septiembre, el cobro se incrementará a 10 dólares.
En tanto, del 1 de enero al 31 de julio de 2027 cada crucerista pagará 15 dólares y a del 1 de agosto al 31 de diciembre de ese mismo año el cobro será de 21, expone la carta.
La Ley de Derechos establece que los viajeros que arriben a puertos mexicanos deberán pagar el equivalente a 42 dólares.
La misiva no explica si a partir de enero de 2028 la cuota se mantendrá o aumentará.
Esta reducción está condicionada al apoyo de la industria naviera a impulsar el desarrollo de proveedores mexicanos y promover productos "Hecho en México".
"En caso de no contar con el apoyo... se procederá automáticamente al cobro de 21 dólares, entrando en vigor el primero de julio de 2025", señala la carta.
La colaboración de la industria a la que se refiere la Secretaria tiene que ver con que las navieras retengan el cobro y lo trasladen al Gobierno, aumenten la proveeduría mexicana de los barcos, amplíen la promoción de México y comprometan un porcentaje mínimo a la compra de productos "Hecho en México", entre otros.
Pidió también contar con métricas de crecimiento en la participación de empresas mexicanas dentro de la cadena de suministro de la industria de cruceros, aumentar la generación de empleos y establecer mesas de trabajo entre Gobierno y líneas de cruceros para fortalecer la relación institucional y profundizar la colaboración público-privada.