Las elecciones judiciales y la destrucción de la justicia en México

Últimamente en las redes hemos sido testigos de las campañas electorales de los candidatos a algún cargo en el Poder Judicial. Algunas campañas son distintas a lo que estamos acostumbrados, sobre todo, por lo que el Poder Judicial significaba y era visto en México; lo cierto es que, ni los candidatos, ni las críticas que han recibido por parte de la ciudadanía, son culpables de la pérdida de la independencia judicial y del costo en impartición de justicia que ello significará.

El asunto es más delicado de lo que parece, por lo menos desde la perspectiva jurídica, pues nos vamos a enfrentar como ciudadanos ante un Poder Judicial que ha perdido la característica básica que es la independencia, ello en virtud de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las más de 16 sentencias hacia Estados que han pretendido violentar la independencia judicial, las cuales se encuentran en su cuadernillo de jurisprudencia número 37, y en las cuales ha señalado que;
Corte IDH. Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 3347
171. Este Tribunal ha establecido que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial. De esta forma, la independencia judicial se deriva de garantías como un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. A su vez, la Corte ha señalado que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico.

En principio, la propia reforma es poco convencional y violatoria de Derechos Humanos por la elección popular que actualmente se está llevando a cabo en el país, pues eso por sí sólo no es permisible es un sistema democrático de Derechos Humanos, es decir, las campañas electorales de quienes se están postulando como candidatos al Poder Judicial, sea Federal o local, es en sí misma violatoria de Derechos Humanos.
Al respecto, en la nota de Juan Carlos Gonzales de Justicia TV, se señala lo siguiente:
Así lo aseguró la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margarita Satterthwaite, al participar en la conferencia matutina de los jueces, previo al inicio de la discusión en el pleno de la suprema corte sobre la reforma judicial.
“Cuando hay un procedimiento de designación de personas juzgadoras que no toma en cuenta el mérito eso es una luz roja muy grande de que la independencia puede estar en riesgo”. (ligar) veo un gran riesgo para la politización de la justicia, la politización del acto de juzgar, que algo que normalmente no debería ser político sino imparcial e independiente”, explicó. (https://justiciatv.mx/noticias/detalle/designacion-personas-juzgadoras-voto-popular-principales-aspectos-ponen-riesgo)
La pregunta básica que aquí nos podemos plantear es que, ¿si los juristas que están haciendo campaña electoral saben que es violatorio de Derechos Humanos? Y, ¿si aún así lo hacen se puede poner en entredicho su ética jurídica?; y si no lo saben, entonces, ¿valdría la pena tener un juzgador con un gran desconocimiento en protección multinivel de Derechos Humanos? Me parece que esta es una hipótesis que valdría la pena plantearnos.
Otro elemento es la garantía de la inmovilidad de las personas juzgadoras, sobre todo violentado el debido proceso legal. Es obvio que este elemento no es intocable, sin embargo, sí lo es si no se hace bajo las garantías mínimas del debido proceso legal, es decir, bajo los elementos de la garantía de defensa, mediante un procedimiento, con base en el principio de contradicción, etc.¿En este sentido, las y los candidatos al nuevo proceso judicial no tuvieron conocimiento que a sus antecesores o a ellos mismos se les privó del cargo con base en las violaciones más básicas a los derechos humanos?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí lo señala claramente:

Corte IDH. Caso Rico Vs. Argentina. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 2 de septiembre de 2019. Serie C No. 38319
55. La Corte ha dicho que la garantía de inamovilidad como parte de la independencia judicial se compone de varios elementos: (i) que la separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período de su mandato; (ii) que los jueces y juezas solo pueden ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia; (iii) que todo proceso seguido en contra de jueces o juezas se resuelva de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley, puesto que la libre remoción de las autoridades judiciales fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias.
Es muy importante observar en este punto cómo es que se ha destrozado a la impartición de justicia, los juzgadores que actualmente siguen en sus cargos han mostrado diversas conductas: algunos se han ido con dignidad y con la frente en alto, otros han decidido participar en la elección a pesar de ser violatoria de Derechos Humanos y otros más han sorprendido con resoluciones ajenas a todo elemento jurídico confundiendo a la ciudadanía si lo hacen por corrupción, pues ya se van del cargo, o simplemente por venganza.
Lo cierto que en México estamos viviendo tiempos impensables en la administración e impartición de justicia, en los cuales nos encontramos en total incertidumbre, pues no sabemos qué van a resolver los juzgadores, si se venderán o no al mejor postor, si tienen los conocimientos suficientes para su cargo y, todo ello, bajo la inseguridad e impunidad en la que nos encontramos.
Lo peor de todo es que no hay conciencia social de todo lo que nos está pasando, cientos de juristas han participado en la elección, sus razones no las sabemos. Ojalá se trate de juristas conscientes, capaces de rescatar al país de la corrupción tan mísera en la que nos encontramos sumidos y que nos ha puesto en el ranking número 1 de los países con el más alto índice con crimen organizado; ojalá y nos demuestren que ellos son los héroes del país, pues, en caso contrario, la justicia estará destrozada.