Los cambios que se pretenden hacer en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para exceptuar de su cumplimiento a las Fuerzas Armadas cuando se trate de programas prioritarios o proyectos estratégicos alienta la discrecionalidad, la opacidad e incrementa los riesgos de corrupción, advirtieron Eduardo Bohórquez y Natalia Campos.
Entrevistados por separado, los especialistas consideraron que la excepcionalidad a la norma no abona a la transparencia ni garantiza que las obras se ejecuten bajos las mejores condiciones de precio y calidad para el Estado mexicano.
"Con la redacción actual, el Congreso deja abierto un amplio espacio de discrecionalidad", advirtió Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
Ayer, con una votación de 355 votos a favor de Morena y los partidos del Trabajo, Verde y Movimiento Ciudadano, la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley de Obras Públicas que, entre otras cosas, establecen un modelo de excepción para los proyectos estratégicos.
"Tratándose de obras o servicios relacionados con las mismas que deriven de programas prioritarios o proyectos estratégicos que ejecute la fuerza armada permanente en términos de los convenios de colaboración que celebren entre entes públicos, no les resultará aplicable la presente Ley", se lee en la minuta que será turnada al Senado.
Bohórquez consideró que todavía hay margen para que el Senado corrija la discrecionalidad y establezca ciertos candados para este tipo de obras.
"Primero, debe distinguir con toda claridad que salvo que se trate de proyectos estratégicos, las contrataciones de Pemex, CFE, y las Fuerzas Armadas no están exceptuadas del cumplimiento de la ley, ni de su publicación en la nueva plataforma de contrataciones", opinó.
"Segundo, la definición de qué es y qué no es un proyecto estratégico debe, cuando menos, considerar a dos poderes del Estado: el ejecutivo y el legislativo. Tercero, en mi opinión, cuando se trate de proyectos estratégicos debe haber medidas adicionales que reduzcan el riesgo de corrupción. A menor transparencia, debe haber mayores controles democráticos".
Campos, quien es coordinadora de Administración Pública en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), afirmó que con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende plasmar en la ley una excepcionalidad que ya venía ejecutando desde el sexenio pasado, en el que se le asignó a las Fuerzas Armadas obras mediante el establecimiento de convenios de colaboración entre dependencias.
"Lo que sucede y cómo se establece en la disposición es que en los convenios se pueden determinar cómo se van a desarrollar estas obras y esto implica la gestión del presupuesto, los tiempos de ejecución, las formas de ejecución", explicó.
"Todos los detalles se establecen en otro instrumento que no es un contrato sino un convenio y entonces hay discrecionalidad de cómo se van a hacer las obras y cómo se van a aplicar los recursos, cómo se van a implementar para poder realizarlas".
La especialista advirtió que al no estar sujetos a las reglas de la ley, los convenios suscritos entre las Fuerzas Armadas y las entidades contratantes de la Administración Pública no estarán en la nueva plataforma digital que sustituirá a Compranet y los riesgos de corrupción de incrementarán.
"En general, las obras públicas concentran grandes volúmenes de recursos públicos y pues es un riesgo doble por la cantidad de recursos, porque no se publica toda la información, porque no podemos acceder fácilmente a estos convenios que se firman, entonces sí, es un riesgo de que aumente la corrupción porque aumenta la opacidad", sostuvo Campos.
Bohórquez dijo que se debe diferenciar claramente entre resguardar un proyecto estratégico y todos los contratos vinculados al mismo, los cuales no deben estar sujetos a la excepcionalidad.
"Las empresas proveedoras del gobierno en proyectos estratégicos no deben estar exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones de la nueva ley", advirtió.
Además, propuso el experto, cuando se trate de proyectos estratégicos, el Estado debe proponer e incluir nuevas figuras de participación social y comunitaria, especialmente cuando haya afectaciones en territorios.
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