Ayer, la Cámara de Diputados opacó proyectos estratégicos y hoy, la mayoría aprobó en lo general una reforma que sepulta a CompraNet y exenta de licitaciones públicas cualquier adquisición que se realice con fines militares, que altere el orden social o que pongan en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública o la salubridad.
Con 350 votos a favor de Morena, aliados y Movimiento Ciudadano y 100 en contra, la mayoría en San Lázaro avaló modificaciones que sustituyen CompraNet por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas y exceptúan de la aplicación de la ley en materia de adquisiciones los contratos que se celebren entre entidades y dependencias públicas y las empresas públicas del Estado, como Pemex y CFE.
El dictamen que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y reforma la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de la Economía Social y Solidaria y la Ley General de Sociedades Cooperativas, permite a dependencias públicas y proveedores intercambiar información y dialogar durante los procesos de contratación con la incorporación de figuras como "diálogo competitivo" y "Adjudicación Directa con Estrategia de Negociación".
La primera permite a las dependencias y entidades contratantes intercambiar información con los candidatos y postulantes participantes a fin de que ofrezcan soluciones a las necesidades de compra. La segunda podrá usarse en casos de urgencia, como una emergencia sanitaria, para resolver asuntos que no admitan demora debido al riesgo de causar daños o perjuicios graves al Estado.
Diputados de Oposición advirtieron que la reforma es una licencia para robar, mientras que Movimiento Ciudadano anticipó su voto a favor en lo general y en contra en lo particular, aunque criticó que se exima de la aplicación de la ley a las Fuerzas Armadas y a las empresas productivas del Estado.
El priista Arturo Yáñez calificó la reforma como una "ley cochupo" y "ley de cuates de Morena", porque lejos de fortalecer la transparencia y combatir la corrupción, exime a Pemex y a la CFE de cumplir con la nueva ley.
Dijo que si bien antes se justificaba esta excepción por tratarse de empresas productivas de Estado, recientemente la mayoría le regreso su estatus de empresas públicas del Estado, por lo que no se justifica que no estén consideradas en el régimen de a nueva ley en materia de adquisiciones.
"Se nos presenta un dictamen disfrazado de eficiencia y de austeridad, cuando en realidad, se trata de una centralización desmedida de poder, de una carta abierta a la discrecionalidad y de un golpe a la competencia económica del País. Una carta abierta para incentivar la corrupción, carta vierta a la secrecía en adjudicaciones", afirmó.
Aseguró que el proyecto otorga control absoluto a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre las contrataciones del sector público, lo que abre el riesgo de que se favorezca a unos cuantos y calificó como absurda la extinción de CompraNet, una herramienta esencial para la fiscalización de las compras gubernamentales.
"Ahora, en su lugar, va una tienda digital controlada por el Gobierno, donde ahí va a poder coincidir y va a selección quién pueda participar en una competencia es, sobre todo, favorecer a los cuates y a los amigos", insistió.
El panista David Azuara indicó que la reforma es un pase libre a la corrupción porque con ella se pretende que las compras del Gobierno se hagan a modo, sin licitación y sin rendición de cuentas, con el objetivo de favorecer a amigos, aliados y empresas cercanas al régimen.
Azuara acusó a la mayoría de buscar legalizar la práctica de evadir licitaciones y recordó que, durante los últimos años, más del 80 por ciento de las compras gubernamentales se hicieron sin licitación.
"Se inventaron figuras como la licitación con estratega de negociación y el contrato marco para disfrazar la discrecionalidad, mecanismos que convierten la corrupción en norma, herramientas que legalizan la opacidad y dejan sin herramientas a los organismos encargados de vigilar el gasto público", señaló.
Gildardo Pérez, de Movimiento Ciudadano, anunció que su bancada votaría a favor de la reforma en lo general y en contra en lo particular, porque aun cuando reconocen que la ley es una oportunidad para acabar con prácticas como la Estafa Maestra, exceptúa de su aplicación a empresas públicas del Estado.
"El presente dictamen violenta el principio de generalidad, ya que las adquisiciones, arrendamientos y servicios excluyen a la Sedena, Marina y a las empresas púbicas", reclamó.
