La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) supervisará el cumplimiento de los términos de la autorización otorgada para el proyecto de remodelación de las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Bacalar, Quintana Roo.
El inmueble es utilizado como espacio de descanso para personal con estrés postraumático a consecuencia de agresiones sufridas en operaciones de alto riesgo y otros actos del servicio, para coadyuvar a su recuperación física y mental.
En un comunicado, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que el pasado 27 de marzo notificó a la Sedena la resolución al trámite denominado "Exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)" para realizar el mantenimiento y sustitución de diferentes componentes al inmueble en Bacalar.
El inmueble, construido desde 1983 en un predio cedido por el Gobierno de Quintana Roo, detalló, presenta desgaste y daños estructurales, por lo que la Sedena solicitó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) una exención de la MIA para realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento.
"La razón por la que se pidió dicha exención, con el número de Trámite SEMARNAT-04-006, es porque el proyecto implica una intervención que no genera desequilibrio ecológico o transgrede la normatividad aplicable en materia ambiental, previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental", apuntó.
La Sedena, destacó, considera implementar medidas preventivas y de mitigación durante el desarrollo de la remodelación, con el fin de proteger los factores bióticos y abióticos que integran el ecosistema de la laguna de Bacalar.
"Corresponderá a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar los actos de inspección y vigilancia ambiental para verificar la correcta aplicación de las medidas preventivas y de mitigación consideradas en el resolutivo de autorización de la exención otorgada al proyecto, y en caso de incumplimiento, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente", afirmó.
El pasado 21 de marzo, organizaciones ambientalistas advirtieron sobre el riesgo que representaban las obras frente al fuerte de San Felipe para el sistema lagunar.
Denunciaron que los trabajos iniciaron desde enero sin que se informara públicamente sobre la existencia de autorización por parte de la Semarnat.
