San Luis Potosí, SLP.- San Luis Potosí está en riesgo medio de violencia política contra las y los candidatos juzgadores del Poder Judicial del Estado, esto debido a que organizaciones criminales podrían intervenir en la elección judicial, consideró Yair Mendoza García, investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa, al presentar el diagnóstico de violencia política en el marco de la elección judicial.
Mendoza García mencionó que este estudio surge a partir de lo que se observó en la elección de 2024, en la cual se identificaron “amplias y diversas manifestaciones de violencia política electoral sobre las y los candidatos”. Aclaró que la violencia política electoral no solamente es homicidio, también pueden ser amenazas o atentados, a los candidatos, sus familiares, equipo de campañas o dirigentes partidistas.
En el caso de San Luis Potosí, la entidad está en riesgo medio, junto con Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas; y aunque son estados de riesgo medio eso no significa que se tenga que "bajar los brazos" y no estar al pendiente de lo que pudiera suceder.
"Si bien es cierto San Luis Potosí no presenta una actividad delictiva importante, sí tiene mercados ilícitos que son altamente disputados, como el narcomenudeo, la fabricación de cristal, la extorsión, y el cobro de piso; adicionalmente al número de cargos que se van a elegir en San Luis son 68, es decir hay 68 espacios de oportunidad para que el crimen organizado se haga con el control de estas personas que aspiran a ser juzgadores", explicó.
Factores de riesgo
Destacó que México Evalúa consideró para este estudio cuatro variables, primero identificando entidades federativas en donde al menos tres municipios estén en disputa por organizaciones criminales, si bien hay entidades que no tienen tres municipios en disputa o que no tienen ningún municipio en disputa no significa que no haya presencia de crimen organizado, significa que hay un dominio pleno de alguna organización criminal.
El segundo factor es el número de mercados ilícitos que existen, en este sentido es el tráfico de personas, el tráfico de migrantes, extorsión, y cobro de piso; el tercer factor es el número de eventos de violencia político electoral que se manifestaron en la elección de 2024, y que es probable que se repliquen en esta elección judicial; finalmente se considera el número de cargos que se van a elegir, a mayor número de cargos mayor riesgo de que haya eventos de violencia política electoral.
Entidades en riesgo
Mendoza García indicó que al ponderar estos cuatro indicadores se construyó el mapa de riesgos, hay una entidad que tiene un riesgo altísimo de tener eventos de violencia político criminal que es Baja California; después se tiene otro bloque de entidades federativas que califican de riesgo alto como Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; mientras que las entidades de riesgo bajo son Aguascalientes, Coahuila, Durango y Yucatán.
Crimen organizado va intervenir
En ese contexto, y a menos de un año de la elección el experto consideró que sería ingenuo creer que el crimen organizado no va a intentar hacerse sentir para colocar jueces para litigar sus propios intereses y asuntos, pero sobre todo porque le da control y poder, "es decir si un grupo de interés necesita tener el contacto de un juez para que dictamine algún asunto con algunas directrices, estas directrices la va a pactar con el crimen organizado, de ahí el interés de las organizaciones criminales por hacerse sentir en esta elección".
Crimen organizado podría movilizar o inmovilizar a los ciudadanos
El especialista consideró que el crimen va a movilizar o desmovilizar gente, es decir los va a intimidar para que no salgan a votar, o los va a presionar para que salgan a votar, porque la finalidad es que ganen los cuadros afines a la organización criminal; ante esto es importante que las autoridades reconozcan que existe un problema y comenzar a discutir qué van a hacer al respecto para que las personas juzgadoras no terminen siendo controladas por las organizaciones criminales, porque eso tiene consecuencias graves sobre el acceso a la justicia.
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