La Ministra Loretta Ortiz impugnó anoche ante el Tribunal Electoral el acuerdo del INE que restringe la difusión de la elección judicial del 1 de junio, al cual calificó de ridículo e irrazonable.
"Al estar frente a un proceso de esta naturaleza y por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial resulta contraproducente y hasta ridículo que su difusión quede limitada exclusivamente al INE", advirtió.
La Sala Superior del Tribunal Electoral, consideró Ortiz en un comunicado, debe proteger los derechos de las personas electoras y candidatas y, en consecuencia, revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE).
La aspirante a mantener su cargo en el máximo tribunal del País consideró que se trata de un proceso electoral histórico y extraordinario al que se debe dar difusión amplia, robusta y plural, por lo que se justifica que las instituciones públicas contribuyan en ello.
"El conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía", afirmó.
El pasado 29 de marzo, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo en el que prohíbe a los Gobiernos federal, estatales y municipales, y a cualquier institución pública o funcionario promover la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial.
Ortiz consideró irrazonable esta restricción ya que los Poderes de la Unión han participado de manera activa en etapas previas del proceso, como con la postulación de candidaturas, y ahora se les impide difundir información del mismo.
"En un sistema democrático", sostuvo, "lo más congruente sería que apegados a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades de la elección".
Para la candidata, la restricción del INE podría generar situaciones jurídicamente inaceptables como impedir que universidades públicas realicen foros informativos sobre le proceso o las candidaturas o que las instituciones judiciales informen a la ciudadanía sobre la importancia de su participación.
Con esta decisión, opinó, el avance en el reconocimiento de los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana informada sufre una regresión inaceptable.
"Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección", denunció.
