Habrá que esperar al menos 90 días
José Gerardo Navarro Alviso, presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) señaló que de acuerdo con la Ley General que desaparece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las entidades federativas tienen 90 días para homologar la reforma constitucional, lo que significa que se deberá modificar también la Constitución local y su ley reglamentaria, sin embargo este plazo podría ampliarse en virtud de que cada estado es libre y soberano y puede determinar sus tiempos.
Agregó que “la extinción de los órganos autónomos, garantes en los estados como tal, desaparecieron con la emisión de la ley, que es muy clara, y era lógico que a partir de la reforma constitucional tendría que emitirse una ley que pudiese vislumbrar justamente cómo será el sistema de transparencia en la actualidad, o cómo va a implementarse”.
Detalló que “En ese proceso de transición justamente se determina el inicio de la gestión de un nuevo órgano nacional que se llama Transparencia para el Pueblo, que está centralizado al gobierno federal a través de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”.
Cegaip no dejará de trabajar de inmediato
Navarro Alviso advirtió que “Esto no implica que la CEGAIP deje de funcionar de inmediato, ya que seguirá funcionando hasta en tanto se determine en la ley cuánto es el tiempo en que habrá de implementarse la transición. A nivel nacional se está en un proceso de 20 días”.
Dijo que “En término de los recursos respectivos que conoce el INAI, están suspendidos hasta en tanto se implementa este sistema, lo que ocurrirá también en San Luis Potosí. Y tendrá que armonizarse y esta armonización implica la desaparición de la Cegaip y será un proceso de transición hacia un nuevo sistema, porque así es como se determinó a nivel federal”.
Algunos trabajadores tienen 20 años en la Cegaip
Respecto al futuro de los trabajadores de la Cegaip, Navarro Alviso señaló que “Es un tema muy relevante, los 56 trabajadores que son parte de la Cegaip, son quienes realizan la labor de este órgano. Muchos ya con 20 años, desde el órgano naciente en su momento, han servido al pueblo potosino a través del sistema de transparencia a nivel local”.
Consideró que “También es importante que dentro de este proceso de transición, los tres poderes del Estado volteen a ver justamente los derechos laborales de estas personas”.
Detalló que en lo que se refiere a los comisionados, es un tema diferente, porque si bien es cierto que tenemos derechos laborales, porque estamos al servicio de una institución, con la extinción desaparece la figura de los comisionados y en el nuevo órgano no da cabida para ello, y seguramente la ley local así será emitida, y también se ajustará a lo que la propia ley local determine, si habrán de realizarse algunas acciones tendientes a respetar esos derechos laborales de los comisionados, y somos respetuosos de ello, desde luego.”
Nadie les puede quitar los derechos laborales
Gerardo Navarro explicó que se ha estado trabajando con las instancias correspondientes respecto al futuro de los trabajadores, “Se ha venido realizando pláticas con los tres poderes del Estado para salvaguardar esos derechos laborales de manera factible en este proceso de transición, porque también hay que recordar que son derechos laborales ganados. Esos derechos laborales no se los puede quitar nadie, y el hecho de que sea una transición a un procedimiento diverso no implica que ellos quedarán en la nada jurídica”.
Dijo que “Al contrario, sus derechos laborales persisten y lo que tendría que hacer dentro de la ley es determinar, a través de los artículos transitorios, qué es lo que sucederá”.
Sería un error dejar fuera a los que más saben
Respecto a lo que puede ocurrir, Gerardo Navarro dijo que “En el INAI se está haciendo una especie de liquidaciones o de indemnizaciones al personal de libre designación a través del procedimiento del retiro voluntario, respetando el servicio de carrera. A nivel local tendría que hacerse así por aquellos que así lo desearan, pero también es importante destacar que el expertise en la materia está ahí en ellos, y sería un error que de transitar a un órgano diverso no se tome en consideración a las personas que de verdad conocen el sistema de transparencia a nivel local”.
Consideró que “Quizá la mejor es de orden público, y ustedes ya han tenido al alcance la propia ley, y se habrán dado cuenta que prácticamente se inmiscuyen algunos términos nuevos, algunas disposiciones nuevas dentro de la ley en materia de transparencia, pero prácticamente es mantener un sistema similar”.