San Luis Potosí, SLP.- La falta de regulación y el incumplimiento de normativas han llevado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) a imponer sanciones a diversas instituciones educativas en San Luis Potosí. Desde jardines de niños hasta universidades, al menos 11 centros han sido objeto de medidas precautorias por operar sin autorización o incumplir requisitos esenciales.
De acuerdo con el más reciente informe de la Dirección de Planeación y Evaluación de la SEGE, al corte del 21 de marzo, las sanciones incluyen desde la colocación de sellos hasta la suspensión de servicios educativos.
Entre los casos más relevantes se encuentra la Universidad Potosina, el kínder “Aventuritas Kids” y el jardín de niños “Alegría”, los cuales recibieron sellos por no contar con autorización para impartir su nivel educativo en el domicilio reportado.
El centro educativo “Semillero de Aprendizaje Pizcani” fue sancionado con sellos de advertencia debido a la falta de autorización para ofrecer educación básica. Lo mismo ocurrió con el Centro Educativo “Octavio Paz” y el Instituto “Elim”, ambos señalados por impartir secundaria y media superior sin la debida autorización.
Por otro lado, el Centro de Investigación para la Administración Educativa (Cinade) enfrentó una suspensión temporal de sus servicios y recibió sellos de advertencia por no contar con instalaciones que cumplan las condiciones higiénicas establecidas en la normativa vigente.
En el nivel medio superior y superior, la ENDE (Escuela de Negocios y Desarrollo Empresarial) fue sancionada con sellos al no estar autorizada para operar. Mientras que el Colegio de Educación Media Superior Abierta recibió una suspensión temporal por no cumplir con los requisitos de un bachillerato general.
Finalmente, el Instituto Cumbres del Potosí fue señalado por ofrecer educación secundaria, media superior y superior sin autorización, lo que derivó en la colocación de sellos precautorios.
Por ello, la SEGE ha intensificado su supervisión para garantizar que las instituciones educativas cumplan con los requisitos legales y operen bajo el reconocimiento oficial de validez de estudios (REVOE). Sin esta acreditación, los alumnos corren el riesgo de que sus estudios no sean reconocidos oficialmente, lo que puede afectar su educación a largo plazo.
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